La Fiscalía General de la Nación radicó la acusación formal contra el sacerdote Manuel Cely Silva por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. Los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2022 y agosto de 2023, cuando el religioso se desempeñaba como director del Monasterio Benedictino de Tibatí y sacerdote del Colegio San Carlos. Según el ente investigador, el acusado conducía al estudiante de seis años a zonas privadas del monasterio para cometer las agresiones.

Análisis político

El caso evidencia una tensión institucional entre la administración de justicia y la gestión de crisis en instituciones educativas de élite. La estrategia de la defensa, apoyada inicialmente por un fiscal que solicitó la nulidad del proceso, buscó dilatar la acción judicial, mientras que la Secretaría de Educación intervino mediante sanciones administrativas por fallas en los protocolos de protección a menores. Esta dualidad expone la fragilidad de los mecanismos de denuncia interna frente a la gravedad de los delitos imputados. La narrativa del evento se construye sobre la confrontación entre la reputación histórica del Colegio San Carlos y la exigencia de justicia de las víctimas. El colegio pierde legitimidad al ser señalado por omisiones en la activación de rutas de atención, mientras que la Fiscalía intenta recuperar credibilidad tras las controversias internas por el cambio de fiscales y la solicitud de nulidad. El desenlace del juicio oral será determinante para establecer precedentes sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas en la protección de la infancia.