Nuevos mensajes extraídos del celular de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, evidencian una comunicación constante con el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Los chats, que datan desde la época en que Fernández era secretario jurídico de la Presidencia hasta su llegada a la Corte, incluyen referencias recurrentes al entonces presidente Gustavo Petro bajo apelativos como "el jefe" o "el pre". Estas conversaciones abordan temas como nombramientos, reuniones en la Casa de Nariño y la gestión de recursos públicos destinados a la entidad. La relevancia de estos intercambios radica en la coordinación de decisiones administrativas y presupuestales, incluyendo la asignación de 700.000 millones de pesos a la UNGRD poco antes de que estallara el escándalo de corrupción. A pesar de la frecuencia de los mensajes, el contenido no permite confirmar si el expresidente Petro tenía conocimiento directo de las irregularidades contractuales investigadas. La Fiscalía General de la Nación mantiene estos registros en su poder, aunque ha señalado que parte de la información pública carece de contexto suficiente para compulsar copias contra el magistrado. Las comunicaciones revelan que Fernández continuó asesorando a López incluso después de posesionarse como magistrado, ofreciendo orientación sobre nombramientos bajo una supuesta "mirada progresista". Mientras que algunos sectores cuestionan la injerencia de un magistrado en asuntos del Ejecutivo, otros analistas advierten que invocar el nombre del presidente es una práctica común en la burocracia para validar gestiones. La falta de claridad sobre el alcance de estas conversaciones mantiene el debate abierto sobre la posible responsabilidad política de los involucrados.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la construcción de una red de influencia donde el nombre del presidente actúa como un activo de poder para legitimar decisiones administrativas y resolver crisis burocráticas. Al utilizar la figura del "jefe" como garante de confianza, los funcionarios involucrados buscaban blindar sus actuaciones frente a terceros, creando una narrativa de lealtad absoluta al proyecto político del gobierno. Esta dinámica permite que, ante cualquier cuestionamiento, la responsabilidad se diluya en una cadena de mando donde las órdenes parecen emanar directamente de la cúpula presidencial. En este escenario, el gobierno y el magistrado Fernández pierden legitimidad institucional al quedar expuestos a un escrutinio público que vincula la alta magistratura con la gestión operativa de una entidad salpicada por la corrupción. Por otro lado, la oposición gana terreno al utilizar estos chats para cuestionar la independencia de la Corte Constitucional y la transparencia del Ejecutivo. La narrativa se polariza: mientras el oficialismo intenta desestimar los mensajes como prácticas burocráticas descontextualizadas, sus críticos los presentan como evidencia de una estructura de poder que operaba al margen de los controles legales.