El 16 de julio de 2026 concluyó la ventana de oportunidad establecida por la Ley 2381 de 2024, que permitió a trabajadores cercanos a la edad de jubilación cambiar de régimen pensional. Este mecanismo excepcional habilitó a mujeres con 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas para trasladarse entre Colpensiones y los fondos privados, una opción que bajo las reglas tradicionales estaba restringida. La medida buscaba resolver la situación de miles de afiliados que se encontraban en un régimen que no se ajustaba a sus expectativas de pensión. El proceso de traslado exigió como requisito obligatorio la doble asesoría, un procedimiento técnico y gratuito diseñado para que los ciudadanos compararan las proyecciones de su mesada en ambos sistemas. A pesar de la alta expectativa, las cifras preliminares indican una participación menor a la proyectada inicialmente, con poco más de 153.000 traslados materializados frente a un universo de más de un millón de personas habilitadas. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, facilitó el cierre del proceso permitiendo que las solicitudes fueran radicadas incluso sin haber culminado la asesoría técnica antes de la fecha límite. La culminación de este periodo deja abiertos frentes jurídicos significativos, especialmente sobre el manejo de aproximadamente 25 billones de pesos asociados a los traslados. Mientras el Gobierno sostiene que los recursos deben pasar a Colpensiones al asumir el riesgo pensional, el gremio de los fondos privados argumenta que el dinero debe permanecer en las administradoras hasta que se consolide el derecho. El Consejo de Estado deberá dirimir esta controversia financiera, mientras el sistema pensional enfrenta la incertidumbre sobre la vigencia definitiva de la reforma tras las demandas de constitucionalidad.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta ventana de traslado se centró en la legitimación de la reforma pensional mediante la oferta de una 'liberación' de los afiliados atrapados en regímenes desfavorables. Al permitir el movimiento masivo hacia el sector público, el Gobierno buscó fortalecer la posición de Colpensiones como eje central del nuevo sistema, utilizando la flexibilidad normativa como una herramienta de pedagogía política para ganar confianza ciudadana en medio de la transición hacia el modelo de pilares. En este escenario, el Gobierno gana terreno al consolidar la transición hacia su modelo, mientras que los fondos privados pierden capacidad de administración sobre una masa crítica de capital y afiliados. La narrativa se construye de forma divergente: el Ejecutivo presenta el cierre como un ejercicio de justicia social y recuperación de derechos, mientras que el sector privado enfatiza la incertidumbre jurídica y el riesgo financiero que supone el traslado de los 25 billones de pesos, trasladando la responsabilidad de la resolución al poder judicial.