El fenómeno de El Niño se intensifica en Colombia con una probabilidad superior al 90% de alcanzar una fase crítica entre finales de 2026 y principios de 2027. Esta situación ha provocado una disminución en los niveles de los embalses, obligando al sistema eléctrico a depender más de la generación térmica, lo cual encarece los costos de producción. Como consecuencia, el Gobierno y expertos advierten sobre un aumento inevitable en las tarifas de energía y una presión inflacionaria sobre la canasta básica familiar.

Análisis político

Se observa una estrategia de gestión de expectativas por parte del Gobierno, que ha optado por reconocer la inevitabilidad de las alzas tarifarias para preparar a la opinión pública ante el impacto en el costo de vida. Paralelamente, actores políticos locales y gremios utilizan la crisis para posicionar agendas de ahorro y eficiencia, mientras que sectores financieros advierten sobre el riesgo de una segunda ronda inflacionaria que complicaría la política monetaria del Banco de la República. En este escenario, los hogares de menores ingresos son los principales perdedores al destinar una mayor proporción de sus recursos a alimentos y servicios básicos, lo que genera un riesgo de malestar social. Por otro lado, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad energética con la presión sobre el salario mínimo para 2027, construyendo una narrativa que vincula la crisis climática con la necesidad de ajustes estructurales en la matriz energética nacional.

El fenómeno de El Niño ha generado una alerta nacional ante la disminución de los niveles en los embalses, que actualmente rondan el 79% de su capacidad. Esta situación obliga al sistema eléctrico a depender de plantas térmicas, cuyo costo de generación es significativamente superior al de las hidroeléctricas. Como consecuencia, el Gobierno nacional y la CREG han implementado un esquema de incentivos y recargos para fomentar el ahorro de energía y evitar un posible racionamiento. La demanda de energía alcanzó un récord histórico en agosto, con un incremento del 9,4% en el sector residencial, impulsado por el uso intensivo de sistemas de refrigeración ante las altas temperaturas. Mientras el Gobierno busca mitigar el riesgo de apagones, sectores políticos y ciudadanos han cuestionado la legalidad de los cobros adicionales. Una demanda ante el Consejo de Estado argumenta que estas medidas castigan desproporcionadamente a los habitantes de regiones con climas extremos, donde el consumo eléctrico es una necesidad básica y no un lujo. El impacto económico del fenómeno se extiende a la inflación de alimentos, que podría aumentar hasta un 20% según proyecciones de analistas. Expertos advierten que un racionamiento prolongado podría costar al país hasta 1,6% del PIB y poner en riesgo miles de empleos. Las empresas también enfrentan presiones en sus costos operativos, lo que amenaza con trasladar el encarecimiento del servicio al consumidor final o reducir los márgenes de rentabilidad en sectores productivos.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en la gestión de la crisis mediante la regulación técnica y la promoción de la corresponsabilidad ciudadana, buscando evitar el costo político de un apagón. Sin embargo, esta narrativa de ahorro choca con la realidad de las regiones más cálidas, donde la oposición y líderes locales construyen una narrativa de injusticia social, señalando que las medidas administrativas ignoran las condiciones geográficas y climáticas del Caribe colombiano. En este escenario, el Gobierno y la CREG pierden legitimidad al ser percibidos como entes que trasladan la ineficiencia del sistema a los usuarios, mientras que los actores políticos locales ganan visibilidad al capitalizar el descontento ciudadano mediante acciones judiciales. La tensión revela una disputa por la narrativa: mientras el Ejecutivo prioriza la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional, los críticos posicionan el debate en la equidad tarifaria y la responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio.