Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años, falleció el pasado 30 de agosto en Pasto tras ser hallada gravemente herida en un terreno rural de la vereda Plazuelas, en San Bernardo, Nariño. La mujer fue encontrada por su hija el 29 de agosto en estado de shock, sin ropa y con múltiples lesiones, luego de haber salido de su vivienda para realizar labores cotidianas. El personal médico que la atendió inicialmente en San Bernardo y posteriormente en Pasto reportó signos compatibles con un posible abuso sexual, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad local. La familia de la víctima ha denunciado públicamente el hecho, exigiendo a las autoridades celeridad en la investigación para identificar al responsable, quien permanece en libertad. Jenny Pulido, hija de la fallecida, ha relatado en diversos espacios mediáticos el doloroso proceso de búsqueda y el estado crítico en el que fue encontrada su madre, enfatizando la falta de respuestas claras hasta el momento. La comunidad de San Bernardo se ha sumado a las voces de rechazo, organizando movilizaciones para exigir justicia y mayor seguridad en las zonas rurales del departamento. Las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía y la Policía, avanzan en la recolección de testimonios y evidencias en el lugar de los hechos para esclarecer las circunstancias del deceso. La Defensoría del Pueblo ha catalogado el caso como un posible feminicidio, mientras que la Alcaldía de San Bernardo ha expresado su rechazo al suceso y su solidaridad con los familiares. La investigación sigue en curso a la espera de los resultados periciales definitivos que confirmen la naturaleza de las agresiones y permitan la captura de los autores.

Análisis político

La estrategia política de la familia se centra en la visibilización mediática del caso para evitar la impunidad, utilizando testimonios personales en pódcast y entrevistas para presionar a las instituciones. Esta narrativa busca transformar un hecho de violencia privada en un asunto de interés público, obligando a las autoridades locales y nacionales a pronunciarse y a acelerar las diligencias investigativas ante la falta de resultados inmediatos. En este escenario, la familia y la comunidad local ganan legitimidad moral al denunciar la desprotección en el campo, mientras que las instituciones estatales pierden credibilidad ante la percepción de inacción y la libertad del presunto agresor. La construcción de la narrativa se divide entre el dolor humano de los allegados, que claman por justicia, y la cautela técnica de las autoridades, que deben tipificar el delito como feminicidio para responder a la presión social creciente.