Fallos en contratos de drones para el Ejército y la Policía generan investigaciones
Resumen
El Ejército Nacional mantiene sin operar un sistema antidrones adquirido por 80.000 millones de pesos para el Catatumbo, debido a que los equipos no superaron las pruebas técnicas de detección e inhibición. La institución ha condicionado la recepción y el pago a que el proveedor, Codaltec, realice los ajustes necesarios tras el incumplimiento de las especificaciones exigidas. Esta situación ocurre en un contexto crítico donde la región ha sufrido 172 ataques con drones cargados con explosivos en lo corrido del año, dejando víctimas mortales y daños materiales.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Policía Nacional por presuntas irregularidades en un contrato de 2022. El proceso, valorado en 3.700 millones de pesos, buscaba la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados que, casi cuatro años después, no han sido entregados. El ente de control indaga posibles deficiencias en la estructuración de los criterios de selección y una supervisión negligente por parte de los responsables.
Ambos casos evidencian una brecha entre la respuesta institucional y la urgencia operativa de las fuerzas de seguridad frente a las amenazas tecnológicas. Mientras el Ejército enfrenta un proceso de revisión contractual y posibles sanciones, la Policía se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público por fallas en la vigilancia de sus adquisiciones. La falta de operatividad de estos equipos pone en riesgo tanto los recursos públicos como la seguridad en zonas de alta conflictividad.
Análisis Político
Se observa una estrategia de control preventivo por parte de los entes de vigilancia, que buscan deslindar responsabilidades institucionales ante el fracaso de compras estratégicas. La narrativa oficial del Ejército se centra en la rigurosidad técnica para justificar la no recepción de equipos, intentando mitigar el costo político de la inoperancia en una zona de alta violencia, mientras que la Procuraduría utiliza la apertura de investigaciones como un mecanismo para señalar fallas en la gestión administrativa de la fuerza pública.
El gran perdedor es la capacidad operativa del Estado, que queda vulnerable ante amenazas asimétricas por la ineficiencia en la contratación pública. Por otro lado, los funcionarios investigados y los contratistas pierden legitimidad, enfrentando un escrutinio que pone en duda la transparencia en la selección de proveedores tecnológicos. La construcción de narrativas se divide entre la justificación técnica de los uniformados y la fiscalización punitiva de los organismos de control.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
Ideología histórica de medios
Izquierda Centro-Izq
Centro
Centro-Der Derecha
Artículos relacionados
El Tiempo
·
Julio 12, 2026
|
Lo que dice el Ejército sobre el sistema de drones para el Catatumbo que no está en funcionamiento
Infobae
·
Julio 11, 2026
|
Falla contrato de $80.000 millones: Ejército sigue sin equipos antidrones en el Catatumbo pese a crisis por ataques
El Colombiano
·
Julio 9, 2026
|
La historia de la empresa que le vendió drones a la Policía y que, casi 4 años después, aún no cumple con la entrega | El Colombiano
Minuto30
·
Julio 8, 2026
|
¿Qué pasó con los drones? Procuraduría investiga millonario contrato de la Policía
Canal 1
·
Julio 8, 2026
|
Investigan presuntas irregularidades en millonario contrato de drones para la Policía
Cargando comentarios…