La superficie con evidencia de explotación de oro de aluvión en Colombia alcanzó las 118.410 hectáreas durante 2025, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al año anterior. Según el informe presentado por el Ministerio de Minas y Energía y la UNODC, el 75% de esta actividad es de carácter ilícito, registrando un aumento del 10% en esta categoría específica. Este crecimiento marca el tercer año consecutivo de expansión de la minería de aluvión en el país. La actividad extractiva se concentra principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Bolívar, los cuales agrupan el 82% de la explotación ilícita. El informe destaca que el 85,6% de los municipios afectados presentan presencia de grupos armados ilegales, evidenciando una estrecha relación entre la minería y el conflicto armado. Además, se identificó una convergencia significativa con los cultivos de coca en 79 de los 118 municipios monitoreados. El impacto ambiental es crítico, dado que casi la mitad de la explotación ocurre en zonas donde la minería está prohibida, incluyendo reservas forestales y parques nacionales. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, enfatizó que el Estado enfrenta una confrontación directa contra economías criminales que utilizan el oro para financiar la violencia. Ante este panorama, el Gobierno anunció una estrategia enfocada en la formalización de mineros, la persecución de redes ilegales y el fortalecimiento de la trazabilidad del mineral.

Análisis político

El Gobierno Nacional utiliza la evidencia técnica provista por la UNODC para despolitizar el debate sobre la minería, enmarcándolo como una confrontación directa entre el Estado y las economías criminales. Esta narrativa busca legitimar una intervención estatal más agresiva en los territorios, al presentar la minería ilegal no como una actividad económica de subsistencia, sino como un motor financiero del conflicto armado y la degradación ambiental. El principal perdedor político es la institucionalidad en las regiones, cuya incapacidad para frenar la expansión de economías ilícitas queda expuesta por el crecimiento sostenido de las hectáreas afectadas. Por otro lado, el Gobierno gana una herramienta de focalización para sus políticas de seguridad y formalización, aunque su éxito dependerá de la capacidad real de recuperar el control territorial en zonas donde la convergencia entre oro y coca ha consolidado un poder paralelo.