Exministras y parlamentarias exigen mesa de trabajo para evitar el cierre de Prodemu
Resumen
Un grupo transversal de exministras de la Mujer, exsubsecretarias y parlamentarias de oposición ha solicitado formalmente al Gobierno la creación de una mesa de trabajo para revertir el cierre de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu). La medida surge tras conocerse que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla financiamiento para la institución solo hasta el 31 de marzo de dicho año. Las exautoridades argumentan que la fundación posee una cobertura territorial única en 317 comunas que no puede ser reemplazada automáticamente por otros programas estatales.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, ha defendido la decisión argumentando que la entidad arrastra una crisis financiera irrecuperable, agravada tras el traspaso de su administración desde la Primera Dama hacia el Ministerio de la Mujer en 2022. Según el Ejecutivo, el 80% de los recursos actuales se destinan a gastos de personal y no a las beneficiarias, por lo que se busca redireccionar el presupuesto hacia organismos especializados. La secretaria de Estado enfatizó que, al ser una entidad privada, el Gobierno no tiene facultades para disolverla, sugiriendo que la fundación podría subsistir mediante autogestión o aportes privados.
El conflicto ha generado una fuerte preocupación por el futuro de 380 trabajadores y miles de mujeres rurales que dependen de los programas de la institución. Mientras el sindicato de trabajadoras advierte que la autogestión es inviable para mantener la operatividad histórica, las exautoridades insisten en que existen alternativas técnicas respaldadas por dictámenes de la Contraloría. La discusión se trasladará ahora al Congreso, donde se deberá votar la partida presupuestaria que definirá el destino final de la fundación.
Análisis Político
La estrategia política observada refleja una clara división entre la visión de eficiencia fiscal del actual Gobierno y la defensa de la institucionalidad pública territorial por parte de la oposición. El Ejecutivo utiliza la narrativa de la 'crisis financiera heredada' y la 'modernización del gasto' para justificar el recorte, buscando desvincularse de la responsabilidad directa del cierre al enfatizar la naturaleza privada de la fundación. Por su parte, las exautoridades construyen una narrativa de protección social, posicionando a Prodemu como un actor irremplazable en zonas rurales, lo que les permite capitalizar el descontento de los trabajadores y beneficiarios.
En este escenario, el Gobierno gana margen de maniobra presupuestaria y coherencia con su discurso de austeridad, pero pierde capital político ante sectores rurales y organizaciones de mujeres. La oposición, al articular un frente transversal, logra posicionarse como defensora de los derechos sociales y la continuidad de políticas públicas, aunque su éxito depende de la capacidad de negociación en el Congreso. La construcción de narrativas distintas sobre el origen de la crisis —una centrada en la gestión administrativa pasada y otra en la desprotección social presente— define el eje del debate político actual.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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