Estados Unidos revoca visas a Martha Peralta y Euclides Torres por presunta corrupciónActualizado · hace 49 días
Resumen
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y del empresario Euclides Torres Romero, extendiendo la medida a sus núcleos familiares. Esta acción se fundamenta en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, bajo el marco de la iniciativa regional Escudo de las Américas. La decisión busca combatir la corrupción y el narcotráfico, afectando también a ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú.
La medida coincide con una lista de nombres entregada por el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella al subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante la campaña electoral de 2026. De la Espriella, hoy presidente de Colombia, había solicitado públicamente que estos dirigentes fueran puestos bajo el radar de las autoridades estadounidenses por presuntos delitos electorales y corrupción. El mandatario celebró la decisión y advirtió que la lucha contra la impunidad apenas comienza, sugiriendo la posibilidad de futuras sanciones económicas y financieras.
Por su parte, el senador Iván Cepeda denunció la existencia de un supuesto plan para fabricar testimonios falsos y vincular a miembros del Pacto Histórico con procesos judiciales en Estados Unidos. Mientras el gobierno estadounidense habilitó un canal digital para denunciar el uso indebido de visas, la administración colombiana mantiene la expectativa sobre posibles nuevas revocatorias. La situación ha generado una polarización en las narrativas políticas sobre la legitimidad de estas sanciones internacionales.
Análisis Político
La estrategia política observada se basa en la internacionalización de la lucha contra la corrupción como herramienta de presión interna. Al alinear las denuncias de campaña con la política exterior de Estados Unidos, el presidente De la Espriella logra validar sus señalamientos previos ante la opinión pública, transformando promesas electorales en acciones diplomáticas concretas. Esta táctica busca debilitar a la oposición política, específicamente al Pacto Histórico, mediante la estigmatización y el aislamiento internacional de sus figuras clave.
En este escenario, el gobierno actual gana legitimidad al presentarse como un aliado estratégico de Washington en la defensa de la gobernanza democrática, mientras que el Pacto Histórico pierde capacidad de maniobra y sufre un desgaste reputacional significativo. La narrativa se construye de forma divergente: mientras el oficialismo celebra la medida como un triunfo contra la impunidad, la oposición la califica como una persecución judicial orquestada mediante la fabricación de testimonios y la injerencia extranjera.
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