El Gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció excusas públicas a las víctimas de la masacre de Bojayá, ocurrida hace 24 años. Este acto de reconocimiento de responsabilidad estatal se realizó en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo del Chocó. El funcionario admitió que la institución falló en su deber constitucional de proteger a la población civil, a pesar de existir alertas tempranas sobre el riesgo inminente de enfrentamientos entre las extintas FARC y las AUC. La ceremonia tuvo lugar en el antiguo centro poblado de Bellavista, lugar donde un cilindro bomba impactó la iglesia en la que se refugiaban cientos de habitantes. Durante el evento, se recordó que la tragedia dejó más de un centenar de muertos, incluyendo decenas de niños, y provocó el desplazamiento forzado de miles de personas. Las víctimas y líderes comunitarios enfatizaron que, si bien el Estado no perpetró el ataque, su inacción ante las advertencias previas constituye una falla institucional grave que requiere reparación integral. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, subrayó que la verdad y las garantías de no repetición siguen siendo una deuda pendiente con las comunidades del Chocó y Antioquia. Representantes de las víctimas advirtieron que la violencia persiste en los territorios y que las nuevas generaciones continúan expuestas a grupos armados ilegales. El acto concluyó con la entrega de placas conmemorativas y la declaratoria del Cristo Mutilado de Bojayá como Bien de Interés Cultural.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en el cumplimiento de mandatos judiciales para legitimar la institucionalidad ante las víctimas, utilizando el reconocimiento de responsabilidad como un mecanismo de reparación simbólica. El Gobierno busca cerrar brechas de desconfianza histórica, mientras que las comunidades utilizan el espacio para visibilizar que la omisión estatal no es un hecho del pasado, sino una preocupación vigente ante la persistencia de actores armados en sus territorios. En este evento, las víctimas ganan un reconocimiento oficial que dignifica su lucha de dos décadas, pero pierden en la medida en que la seguridad territorial sigue siendo precaria. Se construye una narrativa donde el Estado intenta desmarcarse de la autoría directa del crimen, enfocándose en la falla de protección, mientras que las comunidades construyen una narrativa de resistencia y exigencia, señalando que la falta de garantías de no repetición perpetúa su condición de vulnerabilidad.