El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, desde la Escuela de Carabineros en Bogotá hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué. Esta medida se ejecutó al inicio de su mandato como parte de una estrategia para retomar el control estatal en las prisiones y eliminar beneficios irregulares. La influenciadora cumple una condena de más de cinco años por actos de vandalismo contra una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019. Las autoridades penitenciarias justificaron el traslado tras detectar presuntos privilegios en la sede policial donde Barrera permanecía desde agosto de 2025. Entre las irregularidades reportadas se encuentran el hallazgo de teléfonos celulares, la presencia de un vehículo de alta gama y la realización de procedimientos estéticos no autorizados dentro de las instalaciones. La mayor Luz Amparo Pinto Pineda había advertido previamente sobre signos físicos en la reclusa que sugerían intervenciones médicas sin permiso. La familia de la empresaria ha calificado la decisión como un acto de maldad y ha solicitado al mandatario reconsiderar la medida, argumentando que la sanción es excesiva y que la nueva ubicación afecta su seguridad y cercanía familiar. Por su parte, Barrera publicó un mensaje en redes sociales describiendo la situación como un momento difícil y expresando su confianza en que la verdad prevalecerá. El traslado de la influenciadora se realizó en el marco de una operación mayor que incluyó a 117 reclusos de alto perfil para desmantelar estructuras criminales.

Análisis político

La estrategia del nuevo Gobierno se centra en la demostración de autoridad y el control del sistema penitenciario como un mensaje de 'mano de hierro' frente a la opinión pública. Al equiparar el caso de una figura mediática con el traslado de cabecillas de organizaciones criminales, el Ejecutivo busca legitimar su gestión mediante la eliminación de privilegios y la estandarización de las condiciones de reclusión, distanciándose de las políticas de la administración anterior. El Gobierno gana capital político al proyectar una imagen de igualdad ante la ley, mientras que la influenciadora y su defensa pierden los beneficios de un régimen de reclusión especial. La narrativa oficial se construye sobre la necesidad de orden y disciplina, mientras que la narrativa de la familia de la reclusa se enfoca en la victimización y la desproporcionalidad de la pena, intentando apelar a la empatía de la ciudadanía frente a la severidad estatal.

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la Escuela de Carabineros en Bogotá al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué. Esta medida se ejecutó durante el primer día de mandato del presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de una operación que movilizó a más de cien personas privadas de la libertad. La influenciadora, condenada por actos vandálicos contra TransMilenio en 2019, pierde así su reclusión en una guarnición militar para ingresar al sistema penitenciario ordinario. El traslado responde a múltiples cuestionamientos sobre las condiciones de su detención en la sede policial, donde se reportaron irregularidades como el ingreso de teléfonos celulares y la realización de procedimientos estéticos no autorizados. Informes disciplinarios detallaron episodios de mala convivencia y el hallazgo de elementos prohibidos, lo que generó alertas sobre el trato preferencial que recibía la empresaria. Autoridades señalaron que la Escuela de Carabineros no es un centro penitenciario ordinario y que Barrera no cumplía con los requisitos para permanecer en dicho lugar. Tras conocerse la noticia, la creadora de contenido publicó un mensaje en sus redes sociales expresando que atraviesa un día difícil y solicitando fortaleza. Mientras tanto, su defensa legal continúa trabajando en mecanismos jurídicos para buscar su libertad, argumentando que se ajustan a derecho. Por su parte, el nuevo gobierno ha enmarcado estos movimientos dentro de una reorganización del sistema penitenciario para fortalecer el control y la seguridad en los centros de reclusión del país.

Análisis político

El traslado de Epa Colombia funciona como un acto simbólico de autoridad en el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, proyectando una narrativa de 'cero tolerancia' frente a los privilegios en el sistema carcelario. Al mover a una figura mediática junto a otros internos de alto perfil, el gobierno busca capitalizar el descontento público generado por las denuncias de tratos VIP, diferenciándose de la gestión anterior y estableciendo un precedente de disciplina institucional. En este escenario, el gobierno gana legitimidad ante una opinión pública crítica con las irregularidades penitenciarias, mientras que la influenciadora y su defensa pierden el acceso a condiciones de reclusión privilegiadas. La narrativa oficial se construye sobre la igualdad ante la ley, mientras que el entorno de la detenida intenta apelar a la victimización y la fe para mantener el apoyo de sus seguidores, evidenciando una clara disputa por el relato sobre la justicia y el trato penitenciario.