La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, solicitó al Gobierno nacional fortalecer de inmediato las capacidades de la fuerza pública ante una serie de ataques atribuidos al ELN. La mandataria advirtió que la escalada de violencia, que incluye hostigamientos, bloqueos viales y el uso de drones con explosivos, no puede esperar a la transición gubernamental. Los hechos se han intensificado en el marco del aniversario número 62 de la organización armada, afectando municipios como Tadó, San José del Palmar y Río Iró. La Defensoría del Pueblo reportó que la ofensiva del grupo armado se extiende a ocho departamentos, incluyendo Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Nariño, Casanare y Guainía. En estas regiones se han registrado hostigamientos, instalación de banderas alusivas a la guerrilla, desplazamientos forzados y ataques contra estaciones de policía y batallones. La entidad calificó estas acciones como infracciones al Derecho Internacional Humanitario que generan zozobra y ponen en riesgo la vida de la población civil. Las autoridades locales y regionales han convocado comités de orden público para gestionar recursos destinados a tecnología antidrones y mayor presencia institucional. Aunque no se han reportado víctimas mortales en los ataques más recientes, la gobernadora del Chocó enfatizó que la situación representa un peligro creciente para la seguridad ciudadana. El Ejército Nacional mantiene operaciones en las zonas afectadas para repeler las incursiones y controlar las vías principales.

Análisis político

La estrategia del ELN busca reafirmar su capacidad de control territorial y presencia armada mediante una ofensiva coordinada a nivel nacional, aprovechando la coyuntura de su aniversario para visibilizar su poder de fuego. Por su parte, la gobernadora del Chocó utiliza una narrativa de urgencia institucional para presionar al Gobierno nacional, buscando desmarcarse de la inacción y exigir recursos técnicos específicos, como tecnología antidrones, ante la vulnerabilidad de la fuerza pública local. El gran perdedor es la población civil, que queda atrapada en medio de la escalada y el desplazamiento forzado, mientras que el Gobierno nacional enfrenta un desgaste político al ser cuestionado por la falta de medidas preventivas efectivas. La narrativa del ELN se construye como una demostración de fuerza frente a la transición política, mientras que las autoridades territoriales intentan capitalizar la indignación ciudadana para obtener autonomía y recursos en materia de seguridad.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejecutó ataques coordinados con drones cargados de explosivos contra la estación de Policía de Tadó, en el departamento de Chocó, y la subestación de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Las autoridades confirmaron que, a pesar de los daños materiales en la infraestructura policial, no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas entre los uniformados o la población civil. Estos hechos ocurrieron en el marco de la conmemoración del aniversario número 62 de la organización armada, la cual también realizó acciones propagandísticas en el área metropolitana de Pereira. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, convocó a un Comité de Orden Público para destinar recursos del Fondo de Seguridad a la adquisición de tecnología antidrones. La mandataria instó a la ciudadanía a evitar la proximidad con las estaciones de Policía ante el riesgo de nuevas incursiones violentas. Paralelamente, las autoridades de Risaralda desplegaron unidades de contraguerrilla y mantienen una recompensa vigente para quienes suministren información que permita la captura de los responsables de los ataques y la instalación de banderas alusivas al grupo armado. La situación de orden público se extiende a otros puntos de la región, incluyendo combates reportados desde el 3 de julio en el municipio de San José del Palmar. El Ejército Nacional y la Policía mantienen operaciones de control territorial para contener la ofensiva del ELN en la zona limítrofe entre Chocó y Risaralda. Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores de inteligencia para identificar a los autores materiales de los ataques y prevenir futuras alteraciones en la seguridad de los habitantes.

Análisis político

La estrategia del ELN se centra en el uso de tecnología de bajo costo, como los drones, para hostigar a la Fuerza Pública en zonas urbanas, buscando maximizar el impacto mediático y el temor ciudadano durante su aniversario. Esta táctica permite al grupo armado proyectar fuerza y desafiar el control territorial del Estado sin necesidad de un enfrentamiento directo prolongado, utilizando la infraestructura policial como blanco simbólico para visibilizar su capacidad operativa. En este escenario, el gobierno local y la Fuerza Pública pierden capacidad de disuasión inmediata, viéndose obligados a reaccionar mediante la inversión en tecnología defensiva y el refuerzo de la seguridad. La narrativa política se polariza: mientras las autoridades regionales se enfocan en la gestión de crisis y la protección civil, sectores de la oposición aprovechan el evento para cuestionar la política de paz del gobierno saliente, calificando los ataques como una consecuencia directa de la gestión previa y la falta de contundencia contra los grupos armados.

La estación de Policía de Tadó, en el departamento de Chocó, fue blanco de un ataque con drones cargados de explosivos durante la mañana del sábado 4 de julio. Las autoridades confirmaron que el atentado no dejó policías ni civiles heridos, aunque se registraron daños materiales en la infraestructura de la unidad policial. Este hecho se suma a una serie de combates y hostigamientos reportados desde el día anterior en el municipio de San José del Palmar. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, atribuyó las acciones al ELN, señalando que el grupo armado utiliza la conmemoración de su aniversario número 62 como excusa para sus actividades delictivas. Ante la situación, la mandataria solicitó a la ciudadanía mantenerse alejada de las estaciones de policía y anunció la convocatoria de un Comité de Orden Público. El objetivo de esta reunión es gestionar recursos del fondo de seguridad para adquirir capacidades tecnológicas antidrones que fortalezcan la protección de la Fuerza Pública. La Policía Nacional desplegó capacidades de inteligencia y criminalística para identificar a los responsables de los ataques, que también generaron pánico en zonas comerciales del municipio. Mientras el Ejército continúa repeliendo hostigamientos en otras áreas del departamento, diversos sectores políticos han cuestionado la gestión de seguridad del gobierno saliente. La situación mantiene a las autoridades departamentales en alerta máxima ante la posibilidad de nuevas acciones violentas en la región.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de confrontación urbana por parte del ELN, que utiliza tecnología de bajo costo, como drones, para desafiar la presencia estatal y generar zozobra en cascos urbanos. Esta táctica busca maximizar el impacto propagandístico durante fechas simbólicas para la organización, obligando a las autoridades locales a desviar recursos hacia la protección de infraestructura fija en lugar de operaciones ofensivas. La respuesta institucional se centra en la tecnificación de la defensa, reflejando una urgencia por mitigar la vulnerabilidad de los uniformados ante amenazas asimétricas. En el plano político, el suceso se convierte en un insumo para la oposición, que capitaliza el ataque para cuestionar la política de paz del gobierno saliente, calificándola de ineficaz frente a la persistencia de la violencia. Mientras el gobierno local intenta gestionar la crisis mediante la coordinación de seguridad, los actores políticos nacionales construyen narrativas contrapuestas: unos enfocados en la debilidad de la estrategia de paz y otros en la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gran perdedor es la población civil, que queda expuesta en medio de la disputa territorial y el recrudecimiento de las hostilidades.