El Gobierno amplió el RIGI para incluir inversiones en infraestructura ferroviaria y tecnología
Resumen
El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 748/2026 la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para abarcar proyectos de infraestructura ferroviaria. La normativa permite que inversiones en renovación, transformación y desarrollo de redes existentes, así como la construcción de nuevas trazas y nodos logísticos, accedan a beneficios fiscales y estabilidad jurídica. Esta medida excluye explícitamente las tareas de mantenimiento o conservación simple, exigiendo que los proyectos demuestren un incremento verificable en la capacidad de transporte mediante parámetros técnicos objetivos.
La decisión se enmarca en la estrategia oficial de preparar el terreno para la próxima licitación y privatización de las líneas de carga Belgrano, San Martín y Urquiza. El Ejecutivo busca atraer capitales privados para modernizar una red ferroviaria deteriorada, facilitando que los futuros concesionarios puedan integrar sus planes de inversión al esquema de incentivos del RIGI. Diversos actores del sector privado, incluyendo grupos empresariales locales y extranjeros, han mostrado interés en estas concesiones debido a la importancia estratégica de las trazas para el transporte de carga agrícola y minera.
Adicionalmente, el decreto introdujo modificaciones para el sector tecnológico, permitiendo que la incorporación de nuevos productos sea considerada como ampliación de proyectos preexistentes. Para calificar, los proyectos deben cumplir con una inversión mínima de 250 millones de dólares, presentar una innovación del 50% en sus componentes y contar con un ciclo de vida comercial igual o inferior a diez años. Estas precisiones técnicas buscan dotar de mayor previsibilidad a las empresas que planean inversiones de gran escala en el país.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en utilizar el RIGI como una herramienta de seducción para el capital privado, eliminando barreras de entrada y ofreciendo estabilidad jurídica a largo plazo en sectores críticos como el transporte de carga. Al vincular la reglamentación con la inminente privatización de los trenes, el oficialismo busca asegurar que los pliegos de licitación sean atractivos para grandes inversores, trasladando la responsabilidad de la modernización de la infraestructura ferroviaria del Estado hacia el sector privado.
El Gobierno gana capacidad de maniobra para avanzar con su agenda de desregulación y privatización, mientras que los potenciales inversores ganan seguridad jurídica para proyectos de capital intensivo. Por otro lado, la narrativa oficial se construye sobre la necesidad de superar el deterioro de la red ferroviaria mediante la eficiencia privada, mientras que sectores críticos podrían cuestionar la entrega de activos estratégicos bajo esquemas de beneficios fiscales prolongados. La construcción de esta narrativa permite al Ejecutivo presentar la privatización no solo como una venta, sino como una oportunidad de modernización tecnológica y logística.
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