Ejército destruye explosivos de disidencias instalados en escuela rural de Cajibío
Resumen
Tropas del Batallón de Infantería Liviana No. 7 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados en una escuela rural de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, Cajibío. La operación, que requirió más de tres horas de trabajo técnico, evitó una posible tragedia en un espacio frecuentado diariamente por 25 niños. Las autoridades atribuyeron la instalación de estos elementos a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
El hallazgo en el entorno escolar generó un fuerte rechazo por parte de la institución militar, que calificó el hecho como una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario. La presencia de estos dispositivos ponía en riesgo directo la vida de estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa. El Ejército hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre el uso de bienes civiles con fines bélicos.
Este evento se suma a una operación previa en la misma zona donde las fuerzas militares incautaron un depósito con 33 explosivos adicionales. Según inteligencia militar, dicho arsenal estaba siendo preparado para un ataque a gran escala contra el caserío de Ortega. Las autoridades confirmaron que mantendrán operaciones sostenidas en el departamento del Cauca para neutralizar las capacidades logísticas de los grupos armados ilegales.
Análisis Político
La estrategia militar se centra en la visibilización de la degradación del conflicto por parte de los grupos armados, utilizando el hallazgo en entornos escolares como un mecanismo para deslegitimar a las disidencias ante la opinión pública nacional e internacional. Al enfatizar la protección de la infancia, el Ejército construye una narrativa de garante de los derechos humanos frente a un actor ilegal que ignora los principios básicos de humanidad, buscando fortalecer el respaldo social a las operaciones de control territorial en el Cauca.
El Estado gana legitimidad al frustrar acciones que habrían causado un impacto humanitario devastador, mientras que las disidencias pierden capacidad operativa y sufren un desgaste en su imagen al ser expuestas como responsables de poner en peligro directo a menores. La construcción de estas narrativas permite al Gobierno y a la Fuerza Pública justificar la continuidad de la ofensiva militar como una medida necesaria para la seguridad de la población civil en una región históricamente afectada por la violencia.
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