El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, anunció el inicio de una auditoría forense exhaustiva en la compañía para investigar presuntas irregularidades y posibles desvíos de poder durante la administración anterior. Esta medida incluye la creación de un protocolo para preservar documentos, chats institucionales y evidencia contractual, con el fin de determinar si existieron actos de corrupción o favorecimientos a terceros. Henao enfatizó que la verdad sobre la gestión pasada debe producirse desde el interior de la empresa estatal. Paralelamente, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha definido la recuperación de Ecopetrol como una prioridad absoluta, argumentando que la empresa fue afectada por una caída significativa en sus utilidades y reservas durante los últimos cuatro años. El mandatario confirmó la autorización del fracking responsable y sostenible como una estrategia clave para garantizar la soberanía energética y revertir la dependencia de las importaciones de gas. Esta postura busca aumentar las reservas estratégicas y atraer inversión al sector de hidrocarburos bajo estándares técnicos. Luis Felipe Henao ha instado a dejar atrás la etapa de pilotos para avanzar hacia la explotación de yacimientos no convencionales, señalando que el país cuenta con el marco jurídico necesario para ejecutar estas actividades. El directivo advirtió que la reducción en la producción de gas y petróleo exige decisiones inmediatas para evitar el encarecimiento del servicio y posibles riesgos de desabastecimiento. La estrategia integral combina la revisión del pasado corporativo con un giro radical en la política de exploración energética nacional.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la deslegitimación de la administración saliente mediante la apertura de investigaciones internas, utilizando la auditoría forense como una herramienta de control y narrativa para marcar una ruptura con el gobierno anterior. Al vincular la crisis financiera de Ecopetrol con presuntos actos de corrupción, el nuevo gobierno busca justificar medidas impopulares o controvertidas, como la implementación del fracking, presentándolas como una necesidad técnica urgente para la soberanía nacional. El gobierno de De la Espriella gana legitimidad ante sectores económicos y gremios al priorizar la autosuficiencia energética, mientras que el sector político afín al expresidente Petro pierde terreno al ser señalado por la gestión de la petrolera. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la 'depredación' del pasado y la 'recuperación' técnica del presente, donde el llamado a la unidad política con figuras como Álvaro Uribe busca consolidar un bloque de poder que respalde estas decisiones estratégicas frente a la oposición.