El operador del sistema eléctrico, XM, ha emitido alertas críticas ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño severo entre finales de 2026 e inicios de 2027. El informe advierte que la demanda de energía ha alcanzado máximos históricos, mientras que la infraestructura de generación y transmisión presenta retrasos significativos, con solo el 7% de los proyectos esperados en operación. Esta situación ha obligado a XM a ordenar desconexiones de carga preventivas y a recomendar racionamientos programados en las regiones Caribe y Oriental debido al agotamiento de las redes y mantenimientos en centrales clave. Ecopetrol ha respondido a este escenario mediante la implementación de un plan de contingencia que busca blindar la confiabilidad del sistema energético nacional. La estatal petrolera ha optimizado su capacidad de autogeneración térmica y renovable, además de consolidar proyectos de regasificación en Buenaventura y Puerto Bahía que aportarán gas natural para cubrir hasta el 35% de la demanda nacional. Estas medidas pretenden reducir la dependencia del Sistema Interconectado Nacional y asegurar el suministro de combustibles líquidos para las termoeléctricas durante los meses de mayor exigencia climática. El sector energético, representado por Acolgen, ha enfatizado que el país enfrenta una pérdida de confiabilidad debido a la falta de un margen de maniobra operativo. Los gremios instan al Gobierno a resolver las deudas financieras que afectan a las empresas del sector y a garantizar el pago de subsidios para asegurar la compra de combustibles. La tensión entre la creciente demanda y la limitada capacidad de respuesta subraya la urgencia de acelerar la expansión de la infraestructura eléctrica para evitar un déficit de potencia y energía en el corto plazo.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en una gestión de crisis preventiva por parte de Ecopetrol, que busca posicionarse como el garante de la estabilidad energética nacional ante la ineficiencia del sistema de expansión eléctrica. Al capitalizar sus proyectos de regasificación y eficiencia, la empresa estatal intenta mitigar el costo político de un posible racionamiento, trasladando la responsabilidad de la crisis hacia los retrasos en la infraestructura de transmisión y los problemas financieros de los operadores de red. En este escenario, el Gobierno Nacional y los operadores de red pierden legitimidad al enfrentar críticas por la falta de ejecución en proyectos clave y la incertidumbre financiera del sector. Por el contrario, Ecopetrol gana relevancia como actor central en la seguridad energética, mientras que los gremios energéticos construyen una narrativa de urgencia, señalando que el 'colchón' de seguridad del país se ha agotado y que la responsabilidad de evitar un apagón recae en decisiones regulatorias y presupuestales inmediatas.