El Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo disminuyó un 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado marca el quinto mes consecutivo de contracción económica, impulsado principalmente por una caída del 11,6% en la producción minera, especialmente en el cobre. La serie desestacionalizada también mostró un retroceso del 0,2% respecto al mes precedente. El sector de bienes registró una baja anual del 4,7%, mientras que la industria manufacturera se vio afectada por una menor elaboración de productos pesqueros. Por el contrario, el comercio y los servicios presentaron crecimientos anuales del 0,8% y 1,0% respectivamente, aunque estos sectores no lograron compensar el desempeño negativo de la minería. El Imacec no minero mostró un crecimiento anual del 0,7%, pero una caída del 0,3% en términos desestacionalizados frente a abril. La persistencia de estas cifras negativas ha instalado el debate sobre una posible recesión técnica, la cual se configuraría si el Producto Interno Bruto acumula dos trimestres consecutivos de caída. Analistas y autoridades han señalado que los resultados de junio serán determinantes para confirmar este escenario. Paralelamente, el mercado laboral enfrenta presiones con una tasa de desempleo del 9,4% para el trimestre móvil terminado en mayo.

Análisis político

La estrategia política actual se centra en la disputa por la responsabilidad del estancamiento económico, donde el oficialismo, representado por el Presidente Kast y el ministro de Economía Daniel Mas, atribuye la situación a la herencia de la administración anterior. Esta narrativa busca desplazar el costo político de las cifras negativas hacia la gestión previa, mientras se intenta gestionar la expectativa pública ante el riesgo inminente de una recesión técnica. El gran perdedor político es el Gobierno, cuya capacidad de maniobra se ve limitada por un mercado laboral debilitado y una demanda interna estancada, lo que erosiona la confianza ciudadana. Por otro lado, los actores de oposición y analistas económicos ganan terreno al instalar la urgencia de medidas correctivas, como posibles ajustes en la Tasa de Política Monetaria, forzando al Ejecutivo a defender su gestión frente a indicadores que impactan directamente en el bienestar de los hogares.