La primera edición del festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC) en Medellín se vio empañada por la muerte de Ismael Gerardo Méndez Huertas, un ciudadano costarricense de 27 años. El joven fue hallado inconsciente y con dificultades respiratorias en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, siendo trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe donde falleció tras intentos fallidos de estabilización. Las autoridades investigan una posible sobredosis como causa del deceso, mientras la familia del fallecido ha rechazado públicamente las versiones sobre adicciones del joven. Paralelamente, las autoridades investigan una violenta agresión contra un ciudadano australiano de 46 años, quien fue hallado con 25 heridas de arma blanca tras asistir al evento. La víctima, que permanece bajo pronóstico reservado, habría sido arrojada desde un vehículo en movimiento, lo que ha activado operativos de revisión de cámaras de seguridad para esclarecer el móvil del ataque. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho ni con la muerte del turista costarricense. Estos incidentes han generado cuestionamientos sobre la logística y los protocolos de seguridad implementados por la organización del festival. Asistentes han denunciado fallas en las requisas, señalando que el ingreso de sustancias psicoactivas fue facilitado por controles laxos. La Alcaldía de Medellín, que proyectaba un impacto económico de 37,1 millones de dólares con la asistencia de 94.000 personas, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los sucesos.

Análisis político

El evento pone en evidencia la tensión entre la estrategia de internacionalización y reactivación económica de Medellín y la capacidad real de control institucional sobre eventos masivos. La administración local apuesta por el turismo de grandes espectáculos como motor de desarrollo, pero la ocurrencia de hechos violentos y muertes por presunto consumo de sustancias expone vulnerabilidades en la seguridad pública y la gestión de riesgos en espacios privados de alta afluencia. Se observa una construcción de narrativas divergentes: mientras la institucionalidad enfatiza el impacto económico positivo y la proyección global de la ciudad, los asistentes y familiares de las víctimas centran el discurso en la negligencia logística y la inseguridad. El gran perdedor es la imagen de seguridad del evento, mientras que la Alcaldía enfrenta el desafío político de desvincular el éxito comercial del festival de la crisis de seguridad que se manifestó durante su ejecución.