La sede de la Alcaldía de Rioblanco, en el departamento del Tolima, fue blanco de un ataque con drones cargados de explosivos y disparos durante la tarde del domingo 9 de agosto. El hostigamiento, que también tuvo como objetivo la estación de Policía local, ocurrió en pleno día de mercado y generó pánico entre la población civil, que debió resguardarse en sus viviendas. No se reportaron personas heridas, aunque el evento causó daños materiales y cortes en el suministro eléctrico del municipio. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció el hecho y solicitó una intervención urgente del Gobierno Nacional para reforzar la presencia de la Fuerza Pública. La mandataria regional planteó la posibilidad de implementar un toque de queda para controlar la situación de orden público y proteger a los habitantes. Este ataque se suma a una serie de hostigamientos recientes contra bases militares en los municipios vecinos de Planadas y Ataco, atribuidos por las autoridades a las disidencias de las Farc. El contexto nacional está marcado por una escalada de violencia con explosivos en múltiples departamentos, coincidiendo con el inicio del mandato del presidente Abelardo de la Espriella. La Defensoría del Pueblo ha registrado ataques sistemáticos en diversas regiones del país durante el fin de semana. La gobernadora Matiz ha insistido en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y la seguridad en el sur del Tolima para contrarrestar la influencia de los grupos armados ilegales.

Análisis político

La estrategia política de la gobernadora Adriana Magali Matiz se centra en la presión institucional hacia el nuevo Gobierno Nacional, utilizando la crisis de seguridad como un mecanismo para exigir recursos y el despliegue de un Batallón de Alta Montaña. Al posicionarse como una defensora de la seguridad ciudadana frente a la inacción de los grupos armados, Matiz busca capitalizar el descontento regional y consolidar su liderazgo local ante la escalada de violencia que enfrenta el país en los primeros días de la administración de De la Espriella. En este escenario, el Gobierno Nacional pierde legitimidad al ser incapaz de contener la violencia en sus primeros días, mientras que las disidencias de las Farc ganan capacidad de influencia al demostrar su poder de fuego y desestabilización en zonas estratégicas. La narrativa de la gobernadora se construye sobre la urgencia de la protección civil y la unidad institucional, mientras que los grupos armados operan bajo una lógica de control territorial y siembra de miedo, forzando al Estado a una respuesta reactiva que evidencia las debilidades en la seguridad nacional.