La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas e injurias recibidas a través de redes sociales. La funcionaria sostiene que el hostigamiento se intensificó tras la difusión de un video editado por el senador Duvalier Sánchez, el cual, según ella, descontextualizó sus declaraciones sobre la estructura familiar realizadas durante un debate de control político el pasado 22 de septiembre. La denuncia incluye pruebas sobre mensajes que revelaron su ubicación en tiempo real en un aeropuerto, lo que la llevó a temer por su seguridad personal. El presidente Abelardo De La Espriella respaldó públicamente a la funcionaria, calificando las intimidaciones como un intento de frenar su gestión contra la corrupción en la entidad. El mandatario advirtió que no permitirá que estos actos de presión afecten el funcionamiento del ICBF y aseguró que los responsables deberán responder ante la justicia. La defensa presidencial enfatizó que cualquier ataque contra un funcionario de su administración será enfrentado con firmeza, utilizando un tono confrontativo hacia quienes cuestionan la labor de la directora. El caso ha generado una polarización evidente, donde la directora y el Gobierno Nacional señalan una manipulación mediática por parte de sectores políticos de oposición. Mientras la funcionaria busca protección judicial ante la exposición de su integridad física, el debate se traslada al terreno de la responsabilidad en el uso de redes sociales y la veracidad de los contenidos difundidos por figuras públicas. La Fiscalía deberá determinar ahora si los mensajes denunciados constituyen delitos penales o si se enmarcan dentro de los límites del debate político.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la victimización de la funcionaria para blindar su gestión frente a las críticas por sus posturas ideológicas, transformando un debate sobre políticas públicas en una narrativa de lucha contra la corrupción. Al vincular las amenazas con una supuesta persecución por su labor administrativa, el Ejecutivo busca deslegitimar a sus opositores, presentándolos como instigadores de violencia, mientras fortalece la imagen de autoridad del presidente mediante un lenguaje confrontativo. En este escenario, el Gobierno gana al consolidar su base de apoyo bajo la premisa de defensa institucional, mientras que la oposición pierde terreno al quedar asociada con la difusión de contenidos que derivaron en hostigamiento. La construcción de narrativas es divergente: mientras la directora y el presidente enfatizan la seguridad y la lucha anticorrupción, los sectores críticos se enfocan en la exclusión de la diversidad familiar, creando un choque donde el hecho judicial queda supeditado a la batalla por la opinión pública.