Una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en la Alameda de Santiago derivó en graves incidentes frente a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. Manifestantes encapuchados atacaron con golpes, objetos contundentes, gas pimienta y pintura a estudiantes de los movimientos Solidaridad y Gremial, quienes realizaban una contraprotesta pacífica con lienzos. El saldo de la jornada incluyó al menos 31 detenidos y varios estudiantes de la UC lesionados, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros asistenciales. El Ejecutivo, a través del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el delegado presidencial, Germán Codina, condenó enérgicamente los ataques, calificándolos de cobardes y arteros. Las autoridades anunciaron que estudiarán acciones legales y querellas contra los responsables de los desórdenes. El Presidente José Antonio Kast también se refirió al evento, enfatizando que, si bien la manifestación es un derecho legítimo, la violencia contra quienes piensan distinto es inaceptable en democracia. Por su parte, la vocera de la Confech, Laura Mlynarz, justificó la movilización como una respuesta ante la falta de diálogo del Gobierno respecto al presupuesto educativo y los derechos sociales. La dirigente sostuvo que la unidad estudiantil es esencial frente a la incertidumbre sobre posibles recortes en beneficios. Mientras el Gobierno enfatiza el orden público y la condena a la violencia, los estudiantes mantienen su postura crítica sobre la gestión gubernamental.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en capitalizar el rechazo transversal a la violencia para deslegitimar la movilización estudiantil, posicionándose como garante del orden y la convivencia democrática. Al condenar los ataques a estudiantes de derecha, el Ejecutivo refuerza una narrativa de tolerancia frente a la intolerancia, buscando aislar a los grupos radicales de la Confech y evitar que el debate se desplace hacia las demandas presupuestarias de los manifestantes. En este evento, el Gobierno gana terreno al presentarse como un actor que protege a las víctimas de la violencia, mientras que la Confech pierde capacidad de control sobre su propia convocatoria al verse asociada con actos de agresión física. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo etiqueta los hechos como un ataque a la democracia y a la libertad de expresión, mientras que los dirigentes estudiantiles intentan mantener el foco en la crisis de financiamiento y la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo.