La Asociación Nacional de Funcionarias/os del Ministerio de la Mujer (ANFUMMEG) presentó denuncias ante la Contraloría y el Ministerio Público por presuntas irregularidades administrativas y corrupción. El gremio acusa aumentos salariales de hasta un 35% otorgados a cuatro funcionarias de confianza de la exsubsecretaria Daniela Castro, cuyos sueldos habrían superado incluso el de la ministra Judith Marín. Estas asignaciones por funciones críticas carecerían de trazabilidad, visación de ministros de fe y respaldo presupuestario, pese a lo cual fueron liquidadas en junio. La crisis interna se arrastra desde mediados de junio, cuando el Presidente José Antonio Kast removió a la subsecretaria Castro tras un quiebre con la ministra Marín. La asociación de funcionarios sostiene que, tras la salida de la exautoridad, persiste un deterioro en la gestión que afecta el pago a proveedores, servicios básicos y viáticos, además de denunciar una falta de conducción política. El gremio exige la remoción de los funcionarios responsables de estas áreas y la transparencia en el uso de los recursos públicos. La ministra Judith Marín respondió a las acusaciones anunciando una investigación sumaria para esclarecer los hechos. La secretaria de Estado aseguró que las decisiones administrativas cuestionadas no fueron autorizadas por su gestión y confirmó que algunas de las personas involucradas ya no forman parte de la institución. El conflicto refleja una pugna de poder por el control de los equipos y el presupuesto ministerial que ha paralizado diversas funciones operativas de la cartera.

Análisis político

La estrategia política observada revela una pugna por el control administrativo y presupuestario entre las facciones de la ministra Marín y la exsubsecretaria Castro, evidenciando una transición institucional fallida tras la remoción de esta última. El uso de denuncias ante organismos fiscalizadores por parte de la asociación de funcionarios actúa como un mecanismo de presión para forzar la salida de cuadros técnicos remanentes, mientras la ministra intenta desmarcarse de las irregularidades mediante la apertura de investigaciones sumarias para proteger su capital político frente a las acusaciones de falta de probidad. En este escenario, la ministra Marín gana terreno al posicionarse como una figura que busca la transparencia y el orden, aunque pierde legitimidad ante la opinión pública debido a la crisis de gestión que afecta a su cartera. Por su parte, los funcionarios de confianza de la exsubsecretaria pierden su posición al quedar expuestos por las denuncias de alzas salariales, mientras que la narrativa de la ANFUMMEG logra instalar la idea de un 'desmantelamiento' institucional, construyendo una oposición que vincula la ineficiencia administrativa con una supuesta falta de ética de las autoridades designadas por el gobierno.

La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer (ANFUMMEG) presentó denuncias ante la Contraloría y el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción y faltas a la probidad. La organización acusa aumentos salariales irregulares de hasta un 35% para funcionarias de confianza de la exsubsecretaria Daniela Castro, cuyos sueldos habrían superado incluso al de la ministra Judith Marín. Además, se reportan deficiencias críticas en la gestión interna, incluyendo problemas en el pago a proveedores, servicios básicos y viáticos. El conflicto tiene su origen en la pugna de poder entre la ministra Marín y la exsubsecretaria Castro, cuya salida fue solicitada por el Presidente José Antonio Kast en junio tras diferencias irreconciliables. Los funcionarios sostienen que, a pesar de la remoción de la subsecretaria, persisten redes de confianza que obstaculizan la transición institucional y el funcionamiento normal de la cartera. La ANFUMMEG califica la situación como un deterioro progresivo que ha dejado al ministerio con una ejecución presupuestaria mínima. La ministra Judith Marín respondió a las acusaciones anunciando el inicio de una investigación sumaria para esclarecer los hechos. La autoridad enfatizó que las decisiones administrativas cuestionadas no fueron autorizadas por su gestión y confirmó que algunas de las personas involucradas ya no forman parte del ministerio. El caso pone en evidencia una crisis de gobernabilidad interna que afecta la operatividad de una institución clave para las políticas de género en el país.

Análisis político

La crisis en el Ministerio de la Mujer refleja una estrategia de control de poder basada en la instalación de equipos de confianza política, la cual ha derivado en un choque de lealtades entre las autoridades de la cartera. La pugna por la administración del presupuesto y la toma de decisiones revela la fragilidad de la cohesión interna en un ministerio marcado por la desconfianza entre el Partido Social Cristiano y Renovación Nacional, facciones que integran la actual administración. En este escenario, la ministra Marín intenta capitalizar el evento posicionándose como una figura que busca la transparencia y el orden, buscando desmarcarse de la gestión de su exsubsecretaria. Por el contrario, la ANFUMMEG emerge como un actor fiscalizador que busca proteger la institucionalidad frente a lo que consideran un uso patrimonialista de los recursos públicos. Pierde el gobierno en su conjunto, al quedar expuesta una parálisis administrativa y una falta de conducción política que debilita la imagen de eficiencia del Ejecutivo.