El 2 de octubre de 2016, el 'No' se impuso en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con las Farc por una diferencia de 53.894 votos, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país. A pesar del resultado, el Gobierno de Juan Manuel Santos renegoció el texto con los sectores opositores y firmó una nueva versión el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, la cual fue posteriormente refrendada por el Congreso. Esta decisión de avanzar con la implementación pese al veredicto de las urnas sigue siendo un punto central de debate y división en la opinión pública nacional. Diez años después, la implementación del acuerdo ha permitido la dejación de armas y la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, la violencia persiste en diversas regiones debido a la aparición de grupos disidentes y estructuras criminales que disputan rentas ilegales como el narcotráfico. La JEP enfrenta actualmente cuestionamientos sobre su presupuesto y su eficacia, mientras sectores políticos debaten sobre la justicia transicional y la situación jurídica de los comparecientes. El expresidente Álvaro Uribe y miembros del Centro Democrático han aprovechado el aniversario para reiterar sus críticas, señalando que el acuerdo heredó problemas graves como el aumento del narcotráfico y la impunidad. Uribe propone reformas para que las sentencias contra militares sean revisadas por la Justicia Penal Militar y se limiten las penas privativas de la libertad. Por su parte, defensores del proceso advierten que recortar recursos a la JEP podría obstaculizar la investigación de crímenes graves y la reparación efectiva de las víctimas.

Análisis político

La conmemoración revela una estrategia de polarización persistente donde el Centro Democrático utiliza el aniversario para capitalizar el descontento con la implementación del acuerdo, posicionando temas como la seguridad y la justicia militar en la agenda pública. Al cuestionar la legitimidad del proceso original, el uribismo busca mantener vigente su narrativa de 'impunidad' frente a la justicia transicional, intentando capitalizar políticamente el desgaste de las instituciones creadas tras el pacto de La Habana. En este escenario, el sector que promovió el 'No' gana terreno al instalar una agenda de reformas legislativas que buscan modificar el funcionamiento de la JEP, mientras que los defensores del acuerdo pierden capacidad de maniobra al verse obligados a defender la vigencia de un sistema que enfrenta críticas por la persistencia de la violencia. La construcción de narrativas opuestas sobre el legado del plebiscito confirma que el evento no es visto como un capítulo cerrado, sino como un eje de confrontación electoral y política que sigue definiendo las alianzas y oposiciones en el país.