La tasa de desocupación nacional alcanzó un 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, marcando su nivel más alto desde mediados de 2021. Este incremento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses se explica porque la fuerza de trabajo creció un 1,3%, superando el avance del 0,8% en la creación de empleos. El reporte del Instituto Nacional de Estadísticas también confirmó que la informalidad laboral se mantiene en niveles elevados, situándose en un 27%.

Análisis político

La persistencia de un desempleo elevado durante 40 meses consecutivos obliga a los actores políticos a debatir sobre la eficacia de los subsidios a la contratación y la necesidad de reformas estructurales en la capacitación. Mientras el oficialismo enfrenta la presión de una desaceleración económica que frena la inversión, la oposición utiliza estas cifras para cuestionar la gestión de la incertidumbre económica y la falta de incentivos para el sector privado. La narrativa se divide entre quienes proponen mayor flexibilidad laboral para fomentar la contratación y quienes enfatizan la brecha entre la formación académica y las necesidades reales de las empresas. En este escenario, los jóvenes y las mujeres resultan ser los principales perjudicados, enfrentando tasas de desocupación significativamente superiores al promedio nacional. El gobierno pierde capital político al no lograr revertir la tendencia de informalidad, mientras que los sectores empresariales ganan terreno en su argumentación sobre los costos de contratación y las barreras culturales que limitan la inserción laboral. La construcción de estas narrativas se centra en la urgencia de políticas públicas que logren conectar la oferta de trabajo con una demanda empresarial debilitada por la baja inversión.