El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la UIAF y el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración de Gustavo Petro. Según la auditoría forense, se utilizaron declaratorias de urgencia manifiesta por emergencias invernales para realizar contrataciones directas que, en realidad, no atendieron las contingencias. De 42.000 millones de pesos contratados bajo esta figura, solo 313 millones se destinaron a la atención de damnificados, mientras que el resto se usó para adquirir equipos que no guardaban relación con la emergencia. El caso central expuesto involucra un contrato con la empresa Mackey Soluciones, que inició por 16.000 millones y ascendió a 24.000 millones de pesos. El ministro señaló que el contrato se firmó seis semanas después de finalizada la emergencia y que existen inconsistencias en la entrega de bienes, pues se facturaron 744 equipos pero solo ingresaron 670 al almacén. Además, se denunció que los pagos más cuantiosos se realizaron durante la vigencia de la Ley de Garantías y en fechas cercanas a la segunda vuelta presidencial, sin que los elementos hayan sido entregados a la fecha. La investigación del Ministerio del Interior abarca un universo de contratos que podría alcanzar los 62.000 millones de pesos. Paralelamente, el Gobierno confirmó la salida del capitán Germán Andrés Miranda Montenegro de la Dirección de Bomberos, tras la revelación de audios que sugerirían prácticas indebidas para frenar investigaciones judiciales. El Ejecutivo enfatizó que estas acciones buscan esclarecer el destino final de los recursos públicos y determinar si fueron desviados hacia actividades electorales.

Análisis político

La estrategia del actual Gobierno se centra en el uso de auditorías forenses para documentar y judicializar presuntas irregularidades de la administración anterior, buscando capitalizar políticamente el discurso de lucha contra la corrupción. Al vincular los hallazgos con la Ley de Garantías y el periodo electoral, el Ejecutivo construye una narrativa que sugiere un uso indebido de recursos públicos para fines proselitistas, trasladando la responsabilidad ética y legal hacia el gobierno saliente. En este escenario, el Gobierno actual gana legitimidad al presentarse como un ente fiscalizador que no tolera la instrumentalización de emergencias, mientras que el sector político opositor pierde capital reputacional ante la gravedad de las denuncias. La construcción de esta narrativa permite al Ministerio del Interior centralizar la agenda pública, desplazando el foco hacia la gestión de los recursos y la transparencia, mientras los organismos de control asumen el papel de árbitros en una disputa que trasciende lo administrativo para convertirse en un enfrentamiento de legitimidades políticas.