La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó un balance oficial tras los terremotos del 24 de junio, elevando la cifra de fallecidos a 2.595 y la de heridos a más de 12.400. Durante su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo, la mandataria defendió la celeridad de la respuesta estatal, asegurando que el despliegue de fuerzas de seguridad y protección civil fue inmediato. Rodríguez también reveló que padece una afección de salud, aunque afirmó que continuará al frente de las labores de emergencia y reconstrucción. La gestión gubernamental ha enfrentado críticas severas por parte de ciudadanos y analistas que denuncian una respuesta lenta, desorganizada y una posible falta de equipos especializados en las zonas más afectadas, como La Guaira. Ante estos cuestionamientos, la mandataria calificó las críticas como "miserables" y atribuyó el descontento a "laboratorios mediáticos" que buscan politizar la tragedia. Asimismo, negó que las víctimas sean enviadas a fosas comunes y prometió protocolos forenses para la identificación de los cuerpos. En el ámbito internacional, el gobierno busca obtener recursos para la reconstrucción mediante conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Se ha confirmado la llegada de rescatistas de 33 países, incluyendo un equipo especializado de Israel, para apoyar en la evaluación de infraestructuras dañadas. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la fase de búsqueda y rescate sigue activa, con miles de efectivos desplegados en las áreas donde aún se reportan personas desaparecidas.

Análisis político

El gobierno de Delcy Rodríguez emplea una estrategia de control narrativo que busca blindar su legitimidad en un momento de alta vulnerabilidad, utilizando la crisis humanitaria para centralizar la autoridad y deslegitimar a la oposición y a los medios críticos bajo la etiqueta de "laboratorios mediáticos". Al mismo tiempo, la administración intenta capitalizar la ayuda internacional y el acercamiento con potencias como Estados Unidos para proyectar una imagen de gobernabilidad y capacidad de gestión, buscando recursos financieros vitales para la reconstrucción. En este escenario, el gobierno gana tiempo al posicionarse como el único interlocutor válido ante la comunidad internacional, pero pierde legitimidad interna ante una población que percibe una respuesta estatal insuficiente y tardía. La narrativa oficial se construye sobre la victimización del Estado frente a la "miseria" de las críticas, mientras que los sectores críticos construyen su relato basándose en la precariedad de la infraestructura social y la falta de preparación ante desastres, evidenciando una profunda fractura en la percepción de la crisis.