Defensoría del Pueblo cuestiona el estado de la implementación del acuerdo de paz
Resumen
La Defensoría del Pueblo presentó un informe al cumplirse una década de la firma del acuerdo de paz con las Farc, señalando que la implementación incompleta ha impedido alcanzar la paz esperada. El documento destaca que el 36% de los municipios del país presenta alertas por la actuación de grupos armados ilegales, lo que afecta la seguridad de comunidades y firmantes. Desde 2016, se han registrado 521 asesinatos de excombatientes y 1.743 homicidios de defensores de derechos humanos, evidenciando una persistencia crítica de la violencia.
El análisis detalla rezagos significativos en la reparación integral, donde solo el 4,6% de los sujetos de reparación colectiva han culminado sus planes. Asimismo, los procesos de retorno y reubicación muestran un avance mínimo, con apenas el 2,9% de los planes completados, mientras que ocho de cada diez víctimas carecen de atención psicosocial. La entidad advierte que, aunque existen rutas activas para el 65% de las iniciativas PDET, la ejecución final en los municipios es insuficiente, oscilando entre el 5% y el 10%.
La defensora Iris Marín enfatizó que la paz no debe ser un proceso de una sola orilla, instando a que la reparación sea una obligación estatal y no un gesto. El informe recomienda garantizar la continuidad institucional y la financiación hasta 2031, independientemente de los cambios de gobierno. Este llamado ocurre en un contexto político marcado por la postura del presidente Abelardo de la Espriella, quien se ha declarado contrario al acuerdo y ha priorizado una estrategia de seguridad basada en la confrontación directa.
Análisis Político
La estrategia política de la Defensoría del Pueblo se centra en la institucionalización de la memoria y la evaluación técnica para blindar el acuerdo de paz como una política de Estado. Al presentar cifras detalladas sobre los incumplimientos, la entidad busca presionar al Ejecutivo para que mantenga la continuidad de los procesos de reincorporación y reparación, evitando que los cambios de administración desmantelen los avances logrados en la última década.
El gobierno actual, encabezado por Abelardo de la Espriella, se posiciona como el principal actor que busca romper con la narrativa de la paz negociada, promoviendo una política de 'tumba o cárcel' que deslegitima los acuerdos previos. Mientras la Defensoría intenta construir una narrativa de 'víctimas en el centro' que abarca a todos los sectores del conflicto, el Ejecutivo gana respaldo en sectores que rechazan el pacto de 2016, mientras que las víctimas y los firmantes de paz pierden garantías de seguridad y estabilidad institucional ante la falta de voluntad política del gobierno central.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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