El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín ordenó la confiscación de un inmueble ubicado en el sector de El Poblado, al determinar que su origen está vinculado a dineros del Cartel de Medellín. La investigación judicial, que se extendió por más de una década, concluyó que la propiedad fue parte de un esquema de testaferrato utilizado por los hermanos William y Gerardo Moncada para ocultar activos ilícitos. El proceso incluyó pruebas periciales y un estudio grafológico que detectó firmas falsas en las escrituras públicas que facilitaron las transferencias del bien. René Higuita, quien figura como propietario del predio, ha rechazado la decisión judicial y anunció la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Medellín. El exfutbolista sostiene que adquirió la propiedad en 1992 mediante una permuta legal, entregando dos apartamentos obtenidos con recursos de su carrera profesional. Según su defensa, en el momento de la compra no existían registros ni investigaciones públicas que vincularan el inmueble con actividades criminales, por lo que el exarquero actuó bajo el principio de buena fe exenta de culpa. La disputa legal pone en evidencia las dificultades de rastreo de bienes tras décadas de transacciones sucesivas. Mientras la Fiscalía sostiene que el inmueble fue utilizado para encubrir el origen ilícito de los recursos, Higuita se declara una víctima de un engaño comercial. El exdeportista ha señalado que el proceso ha afectado su patrimonio personal y ha insistido en que su conducta ha sido ajena a cualquier actividad delictiva, buscando ahora que la justicia reconozca su condición de tercero de buena fe.

Análisis político

La estrategia de defensa de Higuita se centra en la construcción de una narrativa de 'víctima de las circunstancias', desvinculándose de los actores criminales del pasado mediante la apelación a la buena fe y la falta de herramientas tecnológicas de verificación en 1992. Al enfatizar que su patrimonio fue construido con premios deportivos y ahorros legales, busca proteger su imagen pública frente a la estigmatización histórica que lo ha vinculado con el Cartel de Medellín desde su detención en 1993. En este evento, la Fiscalía gana legitimidad institucional al demostrar capacidad para desentrañar redes de testaferrato antiguas, mientras que Higuita pierde el control sobre un activo inmobiliario significativo y enfrenta el desgaste de una batalla judicial prolongada. La narrativa del Estado se enfoca en la trazabilidad técnica y la ilegalidad del origen del bien, mientras que la del exfutbolista se apoya en la presunción de inocencia y la desinformación de la época, creando un choque entre la justicia restaurativa y la seguridad jurídica de los compradores.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín ordenó la confiscación de un inmueble propiedad del exfutbolista René Higuita. La decisión judicial se fundamenta en pruebas presentadas por la Fiscalía que vinculan la propiedad con un esquema de testaferrato utilizado por el Cartel de Medellín. Según el ente investigador, el bien fue adquirido originalmente por un testaferro de los hermanos Moncada, socios de Pablo Escobar, mediante maniobras que incluyeron firmas falsas y transferencias sucesivas.

Análisis político

La estrategia de defensa de Higuita se centra en la narrativa del 'comprador de buena fe', buscando desvincular su patrimonio personal de los orígenes ilícitos del inmueble. Al presentarse como una víctima de un engaño ocurrido hace más de tres décadas, el exfutbolista intenta proteger su imagen pública y evitar que el proceso judicial se convierta en un juicio moral sobre sus vínculos pasados con figuras del narcotráfico. En este evento, la Fiscalía gana legitimidad institucional al demostrar capacidad para rastrear activos criminales históricos, mientras que Higuita pierde un activo patrimonial significativo y enfrenta el desgaste reputacional de ser asociado nuevamente con el Cartel de Medellín. La construcción de narrativas es divergente: mientras la justicia se enfoca en la trazabilidad técnica y el origen delictivo del bien, el exarquero apela a la percepción de injusticia y a la falta de herramientas tecnológicas de la época para validar su inocencia.

Un juez de Medellín decretó la extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en el sector de El Poblado, el cual figura a nombre del exfutbolista René Higuita y un familiar. La decisión judicial responde a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar que la propiedad formó parte de un esquema de testaferrato vinculado a los hermanos William y Gerardo Moncada, socios del extinto Cartel de Medellín. El ente investigador utilizó pruebas técnicas, incluyendo un estudio grafológico que reveló firmas falsas en escrituras públicas, para acreditar el origen ilícito del bien. René Higuita, a través de un comunicado y su defensa legal, ha sostenido que adquirió el inmueble de buena fe en 1992 mediante una permuta de otros dos apartamentos obtenidos con el fruto de su carrera deportiva. El exarquero enfatizó que desconocía los antecedentes criminales de los propietarios anteriores y que el fallo judicial no constituye una condena penal contra su conducta o integridad personal. Higuita lamentó la pérdida del predio y el estado de deterioro en el que se encuentra tras años de administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales. La defensa del exfutbolista anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín con el objetivo de revertir el fallo y recuperar el inmueble. El abogado del deportista argumenta que Higuita fue víctima de un engaño en la transacción original y que el proceso judicial ha sido una disputa prolongada de casi tres décadas. Mientras tanto, la propiedad pasará a ser gestionada por la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio en el país.

Análisis político

La estrategia de defensa de René Higuita se centra en la construcción de una narrativa de 'víctima de buena fe', buscando separar su imagen pública como leyenda del fútbol de las estructuras criminales del pasado. Al enfatizar que el juez no lo investiga por delitos personales, intenta blindar su reputación frente a la opinión pública, mientras utiliza la vía judicial para cuestionar la gestión de la Sociedad de Activos Especiales sobre el estado de los bienes incautados. En este evento, el Estado gana legitimidad institucional al demostrar capacidad para desmantelar redes patrimoniales de organizaciones criminales desaparecidas hace décadas, reafirmando la imprescriptibilidad de la persecución de activos ilícitos. Por su parte, Higuita pierde el control sobre un activo patrimonial significativo y enfrenta el desgaste de un proceso judicial que reabre vínculos con un periodo oscuro del narcotráfico, independientemente de su intención original en la compra del predio.

Un juez especializado de Medellín decretó la extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en el sector de El Poblado, el cual figura a nombre del exfutbolista René Higuita y un familiar. La decisión judicial se fundamenta en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que vinculan la propiedad con un esquema de testaferrato utilizado por los hermanos William y Gerardo 'Kiko' Moncada, socios del Cartel de Medellín. El ente investigador demostró mediante estudios grafológicos y documentos que el bien fue adquirido originalmente con recursos ilícitos y transferido mediante maniobras fraudulentas para ocultar su origen. La defensa del exarquero anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Medellín, argumentando que Higuita fue víctima de una mala negociación y que actuó de buena fe al adquirir el predio en 1992. El abogado del exfutbolista sostiene que su cliente desconocía los antecedentes delictivos de los propietarios anteriores y que el proceso judicial ha ignorado la legitimidad de los recursos con los que se realizó la compra. Por su parte, el exfutbolista ha denunciado previamente el deterioro del inmueble bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales durante los años que ha durado el litigio. Este fallo marca un hito en un proceso jurídico que se ha extendido por cerca de tres décadas, manteniendo en vilo el patrimonio del ídolo deportivo. La propiedad pasará a ser gestionada por la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes recuperados por el Estado en procesos de extinción de dominio. La resolución judicial no constituye una condena penal contra Higuita, sino que se centra exclusivamente en la naturaleza ilícita del origen del activo inmobiliario.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en la desarticulación de activos históricos vinculados al narcotráfico, utilizando pruebas técnicas como peritajes grafológicos para desmantelar estructuras de testaferrato que han operado durante décadas. Por otro lado, la defensa de Higuita construye una narrativa de victimización, apelando a la figura del 'buen fe' y al desgaste institucional, buscando desvincular la imagen pública del exfutbolista de las estructuras criminales del pasado. El Estado gana legitimidad al demostrar capacidad de seguimiento sobre bienes que permanecieron en litigio por años, mientras que el exfutbolista pierde el control sobre un activo de alto valor y enfrenta un daño reputacional persistente. La confrontación de narrativas evidencia la tensión entre la justicia restaurativa, que busca recuperar bienes ilícitos, y la defensa de derechos patrimoniales de terceros que alegan desconocimiento sobre el origen de sus inversiones.