El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la crisis presupuestal que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la aprobación de un recorte de 170.000 millones de pesos en las comisiones económicas del Congreso. Santos advirtió que dejar al tribunal sin recursos operativos perjudica directamente a las víctimas y a los comparecientes, además de incumplir los compromisos del Estado. El exmandatario enfatizó que el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la justicia transicional cumpla su cometido dentro de los plazos legales establecidos. En cuanto a la duración del tribunal, Santos fue enfático al rechazar cualquier prórroga de los límites legales, señalando que la JEP debe concluir sus funciones en 2028 o incluso antes. Esta postura contrasta con la visión del expresidente Gustavo Petro, quien sugirió que la jurisdicción debería mantenerse vigente mientras persista el conflicto armado y ampliar su alcance para investigar delitos relacionados con el narcotráfico. Petro también criticó la gestión de los gobiernos anteriores y actuales en la implementación del Acuerdo de Paz. Santos reconoció que las críticas sobre la lentitud de la JEP tienen fundamento y exhortó a los magistrados a acelerar sus actuaciones judiciales. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido que el recorte presupuestal dejaría a la entidad inoperante, mientras sectores del Gobierno defienden la medida como un ejercicio de racionalización del gasto público. La discusión también ha involucrado cuestionamientos sobre convenios de cooperación internacional de la JEP con organismos como el PNUD.

Análisis político

La estrategia de Santos busca posicionarse como un defensor del legado del Acuerdo de Paz, manteniendo un equilibrio entre la defensa institucional de la JEP y la validación de las críticas ciudadanas sobre su eficiencia. Al rechazar la prórroga pero exigir el cumplimiento presupuestal, el exmandatario intenta desmarcarse de la narrativa de 'eterna justicia' que sectores críticos utilizan para atacar al tribunal, mientras presiona al Gobierno actual para que no desmantele el sistema de justicia transicional por la vía financiera. En este escenario, el Gobierno de Abelardo de la Espriella gana margen de maniobra al presentar el recorte como una medida de austeridad técnica, evitando el costo político de una eliminación directa. Por otro lado, la JEP pierde legitimidad operativa al quedar en medio de un fuego cruzado donde se cuestiona su eficiencia y sus vínculos económicos. La narrativa se fractura entre quienes ven en la JEP un pilar de verdad y reparación, y quienes la presentan como una estructura costosa y lenta que debe ser limitada o reconfigurada.

El expresidente Juan Manuel Santos defendió la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un pilar fundamental del Acuerdo de Paz, instando al Estado a garantizar los recursos necesarios para su operación. Durante un evento en la Universidad del Rosario, el exmandatario advirtió que recortar el presupuesto del tribunal afectaría directamente a las víctimas y a los comparecientes que confiaron en el sistema. Santos enfatizó que el incumplimiento de estos compromisos internacionales generaría una fractura jurídica y moral para el país.

Análisis político

La estrategia de Santos busca desmarcarse de la polarización extrema, posicionándose como un defensor del cumplimiento de la palabra del Estado sin ceder ante las presiones de quienes buscan eliminar la justicia transicional. Al exigir que la JEP 'meta el acelerador' y rechazar una prórroga, el expresidente intenta neutralizar las críticas sobre la lentitud del tribunal, buscando un equilibrio entre la legitimidad del proceso y la eficiencia judicial. En este escenario, el Gobierno actual y los sectores críticos de la JEP pierden capacidad de maniobra al ser confrontados con las consecuencias internacionales de un posible desmantelamiento. Por su parte, Santos gana relevancia como un actor que, aunque reconoce fallas operativas, protege el legado del Acuerdo de Paz, construyendo una narrativa de responsabilidad institucional frente a lo que denomina una 'absurda discusión' sobre la viabilidad del pacto.

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), manifestando su oposición a extender el mandato del tribunal más allá de 2028. El exmandatario sostuvo que la entidad debe cumplir su cometido en el plazo legalmente establecido, aunque reconoció que las críticas sobre la lentitud en sus resultados tienen fundamento. En este sentido, instó a los magistrados a acelerar sus actuaciones judiciales para cerrar los casos pendientes. La postura de Santos se da en medio de un intenso debate legislativo por un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos para 2027, propuesto por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El expresidente advirtió que reducir los recursos de la jurisdicción afectaría directamente a las víctimas y a los comparecientes, comprometiendo la credibilidad del Estado frente a los compromisos del Acuerdo de Paz. Según Santos, es necesario realizar un esfuerzo financiero temporal para garantizar la operatividad del tribunal y evitar una fractura moral y jurídica. El debate también ha incluido cuestionamientos de sectores políticos sobre la gestión de recursos y la relación de la JEP con organismos internacionales como el PNUD. Mientras el Gobierno defiende la reasignación de fondos hacia la justicia ordinaria bajo criterios de racionalización del gasto, figuras como Santos y Humberto de la Calle insisten en la importancia de mantener la estructura de justicia transicional. La discusión refleja la polarización actual sobre el cumplimiento de lo pactado con las extintas Farc y la eficacia del modelo restaurativo.

Análisis político

La estrategia de Santos busca posicionarse como un defensor del cumplimiento del Acuerdo de Paz sin ignorar las críticas ciudadanas sobre la eficiencia del tribunal, intentando así desmarcarse de la imagen de una JEP estancada. Al rechazar la prórroga, el expresidente intenta neutralizar los argumentos de la oposición que acusan al tribunal de buscar una permanencia indefinida, mientras que al defender el presupuesto, protege el legado de su administración frente a los recortes del actual Gobierno. En este escenario, el Gobierno de Abelardo de la Espriella gana terreno político al capitalizar el descontento popular por la lentitud de la justicia transicional y la percepción de gastos excesivos, utilizando el recorte presupuestal como una herramienta de presión. Por su parte, la JEP pierde autonomía operativa y legitimidad ante una opinión pública que cuestiona su impacto real, mientras que las víctimas quedan en medio de una disputa donde la verdad y la reparación se ven supeditadas a la viabilidad financiera y a la narrativa de eficiencia impuesta por el Ejecutivo.