Debate jurídico y político tras aprobación de la nueva ley de Reglas de Uso Fuerza
Resumen
La reciente aprobación de la ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en el Congreso ha generado una intensa controversia jurídica y política. Los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero han cuestionado duramente el texto, advirtiendo que la eliminación del principio de proporcionalidad y su reemplazo por el de racionalidad podría derivar en problemas de constitucionalidad. Según los exsecretarios de Estado, esta modificación debilita la certeza jurídica necesaria para el actuar policial y los controles judiciales.
El senador Andrés Longton (RN) ha rechazado estas críticas, argumentando que los cuestionamientos no se ajustan al contenido real de la ley aprobada. El parlamentario defendió que la racionalidad es un principio arraigado en la tradición penal chilena y que la normativa no introduce hipótesis nuevas, sino que se alinea con eximentes ya existentes en el Código de Justicia Militar. Además, descartó que el texto extienda indebidamente la Ley Naín-Retamal o que genere una homologación indiscriminada entre las distintas instituciones de seguridad.
La disputa se ha trasladado al ámbito institucional, con un grupo de senadores de oposición anunciando una ofensiva ante el Tribunal Constitucional para impugnar normas específicas sobre el uso de fuerza potencialmente letal. Mientras el Gobierno sostiene que la ley entrega mayor claridad y evita interpretaciones ambiguas, sectores críticos advierten sobre riesgos de abusos en procedimientos cotidianos. La tensión refleja una profunda división sobre cómo equilibrar la eficacia policial con las garantías constitucionales y el control del uso de la fuerza.
Análisis Político
La estrategia política observada se basa en una polarización sobre la seguridad pública, donde el oficialismo busca capitalizar la aprobación de la ley como un triunfo de gestión y orden, mientras la oposición utiliza la vía del Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran una erosión de los estándares democráticos. Esta dinámica permite a cada sector consolidar su base electoral: el Gobierno se posiciona como garante de la autoridad policial, mientras que los críticos se presentan como defensores del Estado de Derecho y los derechos fundamentales.
En este escenario, el Gobierno gana en términos de narrativa al mostrar capacidad legislativa para implementar cambios en seguridad, pero pierde al enfrentar una judicialización que pone en duda la solidez técnica de su propuesta. Por su parte, los exministros Tohá y Cordero logran instalar una agenda de advertencia técnica que busca desgastar la legitimidad de la ley, aunque corren el riesgo de ser percibidos por sectores de derecha como actores que obstaculizan la labor policial en un contexto de alta demanda ciudadana por seguridad.
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