El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, informó durante un debate de control político en la Cámara de Representantes que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Esta medida, que incluía vehículo blindado y escoltas, fue retirada por la entidad tras una revisión de los esquemas asignados durante la administración anterior. La funcionaria había sido condenada previamente por falsificación de documentos académicos.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en el ejercicio de control político por parte de la oposición, que busca cuestionar la asignación de recursos públicos a figuras vinculadas con la administración anterior y con procesos judiciales. El director de la UNP intenta equilibrar la transparencia administrativa con la gestión de riesgos, utilizando la rendición de cuentas para desmarcarse de decisiones previas y mitigar tensiones ideológicas mediante disculpas públicas por declaraciones pasadas. El gobierno actual gana legitimidad al auditar esquemas de seguridad polémicos, mientras que los sectores de oposición capitalizan el descontento ciudadano sobre el gasto estatal en figuras cuestionadas. La narrativa se construye bajo la tensión entre la protección de derechos adquiridos por firmantes de paz, bajo vigilancia internacional, y la necesidad de austeridad y racionalización de los recursos públicos en la nueva administración.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, informó ante el Congreso que el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Guerrero, quien fue condenada por fraude procesal tras presentar títulos universitarios falsos para acceder a un cargo público, ya no cuenta con dicha protección. La revelación ocurrió durante un debate de control político sobre el presupuesto y la gestión de la entidad. Blanco también expuso que Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', mantiene un esquema compuesto por seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. El funcionario confirmó que la entidad negó una solicitud de extensión de seguridad para el exjefe de las Farc tras realizar un estudio técnico. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de ajustar los esquemas a los niveles de riesgo reales y cumplir con los compromisos internacionales derivados del proceso de paz. La sesión parlamentaria incluyó denuncias sobre exfuncionarios y excongresistas del gobierno anterior que aún no han devuelto los vehículos asignados a sus esquemas de seguridad. El director de la UNP señaló que estos individuos deben iniciar un nuevo trámite si consideran que su riesgo persiste, pero mientras tanto deben entregar los activos. Adicionalmente, Blanco ofreció disculpas al Centro Democrático por declaraciones despectivas realizadas durante su etapa de campaña política.

Análisis político

La estrategia del actual director de la UNP se centra en la austeridad y la depuración de los esquemas de seguridad heredados de la administración anterior, utilizando la transparencia presupuestal como herramienta de control político. Al exponer los costos de figuras vinculadas al gobierno de Gustavo Petro, la entidad busca legitimar los recortes masivos y la reestructuración operativa, presentándolos como una corrección necesaria frente a lo que denomina una búsqueda de 'confort' más que de seguridad real. El gobierno actual gana legitimidad ante sectores críticos al cuestionar los privilegios de exfuncionarios, mientras que los sectores afines al petrismo pierden capacidad de influencia sobre la entidad. La narrativa se construye mediante un contraste entre la eficiencia técnica y el uso político de los recursos públicos, donde la UNP se posiciona como un ente neutral que, a pesar de las tensiones ideológicas, debe equilibrar la protección de firmantes de paz bajo estándares internacionales con la optimización del gasto estatal.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, reveló durante un debate de control político en el Congreso que el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. Guerrero, quien fue condenada recientemente a tres años de prisión por fraude procesal tras falsificar títulos académicos para aspirar a un viceministerio, contó con protección estatal durante casi 18 meses. La entidad confirmó que el esquema ya fue retirado tras una revisión de los criterios de riesgo. Durante la misma sesión, el funcionario denunció que varios exministros y excongresistas del gobierno anterior no han devuelto los vehículos blindados asignados a sus esquemas de seguridad tras finalizar sus funciones. Blanco explicó que estas personas deben iniciar un nuevo trámite si consideran que aún enfrentan riesgos, pero mientras tanto, deben entregar los activos del Estado. Esta situación ha dificultado la transición administrativa y la reasignación de recursos hacia funcionarios que actualmente cumplen con los requisitos de protección. El director de la UNP también abordó el caso de Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', confirmando que cuenta con seis vehículos blindados y 16 escoltas. Aunque el líder del partido Comunes solicitó una ampliación de su esquema, la entidad la negó tras un estudio técnico que determinó la inviabilidad de aumentar las medidas. Blanco enfatizó que la UNP busca optimizar sus recursos, pasando de una estructura con 2.800 órdenes de prestación de servicios a una gestión enfocada en quienes realmente enfrentan amenazas comprobables.

Análisis político

La estrategia del actual director de la UNP se centra en la deslegitimación de las decisiones administrativas del gobierno anterior, utilizando la revelación de costos elevados y casos polémicos como el de Guerrero para justificar recortes presupuestales y una reestructuración interna. Al exponer la falta de devolución de vehículos por parte de exfuncionarios, el gobierno actual construye una narrativa de desorden administrativo y privilegios injustificados, lo que le permite ganar capital político frente a la opinión pública al presentarse como un gestor de austeridad y eficiencia. Por otro lado, el evento evidencia una polarización persistente donde el funcionario debe gestionar tensiones ideológicas, como se observó en su disculpa ante el Centro Democrático por declaraciones pasadas. Mientras el gobierno busca marcar distancia con las prácticas de la administración Petro, los sectores de oposición utilizan los espacios de control político para cuestionar la neutralidad del director, creando una narrativa de persecución política que busca desgastar la imagen de la nueva administración en la gestión de entidades clave.