David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG, presentó un memorial ante la Fiscalía retractándose de las acusaciones que formuló en febrero contra el actual presidente, Abelardo de la Espriella. El empresario afirmó que sus señalamientos previos sobre presuntos pagos indebidos y presiones fueron motivados por expectativas de obtener su libertad bajo la figura de gestor de paz, supuestamente promovidas por sectores cercanos al gobierno anterior. Murcia Guzmán aseguró ahora que los honorarios pagados al mandatario en el pasado correspondieron a servicios jurídicos legítimos y no a dádivas para influir en el Congreso. La retractación ocurre semanas después de que Murcia fuera trasladado de manera intempestiva de la cárcel La Picota en Bogotá al penal de Palogordo en Santander. Este movimiento penitenciario fue ejecutado por el Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, cartera liderada por Iván Cancino, quien anteriormente fue abogado defensor de De la Espriella en el mismo proceso disciplinario que ahora se archiva. La exabogada de Murcia, Sondra Macollins, confirmó que el empresario le solicitó su renuncia debido a las incompatibilidades entre su defensa técnica y la postura política de oposición que ella mantiene frente al actual jefe de Estado. Diversos sectores han cuestionado la veracidad de la retractación al contrastarla con pruebas documentales y grabaciones de 2008. En dichas interceptaciones, integrantes de DMG hablaban de pagos destinados a gestiones legislativas, coincidiendo temporalmente con la compra de un inmueble por parte de De la Espriella. Mientras el entorno del presidente busca cerrar el capítulo judicial, analistas y periodistas señalan que la nueva versión de Murcia contradice el acervo probatorio que originó la investigación original.

Análisis político

La estrategia observada es una maniobra de supervivencia jurídica y política donde el procesado busca mejorar sus condiciones de reclusión y acercarse a beneficios penales mediante la desarticulación de una denuncia que afectaba al actual mandatario. Al retractarse, Murcia Guzmán intenta eliminar el conflicto de intereses que lo enfrentaba con el Ejecutivo, mientras que el gobierno logra neutralizar una acusación que comprometía la legitimidad del presidente, utilizando el traslado carcelario como una herramienta de presión efectiva. El principal ganador es el presidente Abelardo de la Espriella, quien logra limpiar su expediente de una denuncia grave que amenazaba su estabilidad política, mientras que el sistema judicial pierde credibilidad al permitir que una retractación basada en supuestas presiones políticas invalide pruebas previas. La narrativa del gobierno se construye sobre la idea de una supuesta instrumentalización del sistema judicial por parte de la administración anterior, mientras que la oposición y sectores críticos denuncian una posible cooptación de las instituciones para garantizar la impunidad del jefe de Estado.