La Unión Eléctrica de Cuba proyectó que el 72% del territorio nacional permanecerá sin suministro eléctrico durante el horario de máxima demanda este domingo. Esta cifra representa un nuevo récord de afectación, superando el 71% registrado apenas el viernes pasado. La crisis se agudiza por la salida de operaciones de diez de las 16 unidades termoeléctricas del país y la paralización de motores de generación por falta de combustible importado. El colapso del Sistema Electroenergético Nacional arrastra consigo otros servicios básicos, afectando gravemente el suministro de agua potable, del cual dependen cerca de tres millones de personas. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de la isla, ha sufrido 17 fallas en lo que va de 2026, evidenciando la obsolescencia de la infraestructura. El Gobierno cubano ha calificado la situación como crítica y extremadamente tensa, reconociendo cortes que en La Habana superan las 20 horas diarias. Las autoridades cubanas atribuyen la crisis a un asedio petrolero por parte de Estados Unidos, que ha reducido drásticamente las importaciones de crudo desde enero. Expertos independientes, por su parte, señalan que el problema es multicausal, combinando la falta de inversión crónica, la obsolescencia tecnológica y las restricciones externas. Se estima que la recuperación del sistema requeriría una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno cubano se centra en la externalización de la responsabilidad, utilizando el concepto de asfixia energética para vincular el colapso de los servicios básicos con las sanciones internacionales. Esta narrativa busca consolidar un frente interno ante la crisis, presentando al Estado como una víctima de presiones externas, mientras intenta gestionar el descontento social derivado de la falta de agua y electricidad. En este escenario, el gran perdedor es la población civil, que enfrenta un deterioro progresivo en su calidad de vida y acceso a servicios esenciales. El Gobierno pierde legitimidad operativa al ser incapaz de garantizar suministros básicos, mientras que los actores internacionales que mantienen sanciones sobre la isla ven cómo su política de presión contribuye a un colapso sistémico que, según analistas, requiere una inversión masiva para ser revertido.