La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó el informe "Por un Chile sin Economía Ilícita", el cual advierte que las actividades criminales movilizan más de US$ 5.700 millones al año. Este monto equivale al 1,5% del PIB nacional y genera pérdidas tributarias superiores a los US$ 1.500 millones anuales. El estudio, elaborado junto a 30 gremios y 70 expertos, califica este fenómeno como una amenaza estructural que distorsiona mercados estratégicos y afecta la inversión. El documento detalla que las economías ilícitas operan como sistemas paralelos que abarcan desde la producción hasta el lavado de activos, destacando sectores como los casinos en línea, el tabaco y la agroindustria. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, enfatizó que estas actividades impactan negativamente la seguridad, el empleo formal y la confianza institucional. Además, el sector privado destina cerca de US$ 2.700 millones anuales en medidas de prevención y disuasión delictiva. Para enfrentar esta problemática, el informe propone 45 medidas, incluyendo la creación de una Unidad de Economías Ilícitas y el fortalecimiento de la trazabilidad financiera mediante inteligencia artificial. Representantes del sector público, como el Servicio de Impuestos Internos, destacaron la importancia de la colaboración público-privada y la inteligencia estratégica para desarticular la rentabilidad del crimen organizado. El evento reunió a diversos actores para discutir la necesidad de cerrar brechas regulatorias y mejorar la coordinación institucional.

Análisis político

La estrategia política observada consiste en la instalación de una agenda de seguridad económica por parte del gran empresariado, buscando desplazar el foco desde la delincuencia común hacia el impacto macroeconómico del crimen organizado. Al cuantificar el daño en términos de PIB y recaudación fiscal, los gremios presionan al Estado para que asuma un rol más activo en la fiscalización, utilizando el lenguaje de la eficiencia y la competitividad para exigir reformas regulatorias profundas. En este escenario, el sector privado gana legitimidad al posicionarse como un actor propositivo que aporta datos técnicos y soluciones concretas, mientras que el Estado se ve presionado a demostrar capacidad operativa frente a las brechas expuestas. La narrativa se construye mediante la contraposición entre un "ecosistema formal" que genera valor y un "sistema paralelo" que erosiona las instituciones, obligando a los actores políticos a priorizar la inteligencia financiera y la coordinación interinstitucional como ejes centrales del debate público.