La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto, tras la reapertura de la investigación por fraude al fisco ordenada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique. El tribunal de alzada determinó que, al estar el proceso indagatorio nuevamente abierto por un plazo de 60 días, no corresponde proceder con la solicitud de desafuero en esta etapa. Esta resolución permite al parlamentario continuar ejerciendo sus funciones legislativas mientras se desarrollan nuevas diligencias solicitadas por las defensas de los imputados. El senador Calisto enfrenta una acusación del Ministerio Público que solicita 12 años de cárcel por delitos de corrupción, incluyendo el presunto pago de asesorías fantasmas a su vecina Carla Graf y un esquema de defraudación que habría beneficiado sus cuentas personales. El parlamentario ha negado categóricamente las imputaciones, calificando las acusaciones de su exasesor Roland Cárcamo como mentiras motivadas por beneficios procesales. Asimismo, el legislador ha descartado haber sobornado al exfiscal Carlos Palma, argumentando que tales acusaciones carecen de lógica y sustento. La situación judicial ha generado diversas reacciones, incluyendo el respaldo público del senador Matías Walker, quien defendió el derecho de Calisto a ejercer su defensa y cuestionó la celeridad de la Fiscalía. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado una demanda civil para recuperar más de 131 millones de pesos presuntamente obtenidos de forma irregular. Mientras tanto, el caso sigue bajo escrutinio, con la posibilidad de que el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, deba inhabilitarse en futuras instancias debido a registros previos de votaciones cruzadas.

Análisis político

La estrategia del senador Calisto se centra en el uso intensivo de recursos procesales para dilatar el avance de la causa penal, buscando ganar tiempo y mantener su fuero parlamentario para seguir ejerciendo su cargo. Esta táctica no solo le permite evitar la suspensión de sus funciones, sino que también le otorga influencia en votaciones legislativas clave, como la denominada megarreforma, donde su voto es relevante debido a los estrechos márgenes de fuerza en el Senado. La defensa busca transformar un problema judicial en una cuestión de garantías procesales, apelando a la presunción de inocencia y al derecho a presentar pruebas que, según ellos, han sido omitidas. En este escenario, el gran perdedor es la imagen de probidad del sistema político, mientras que el Ministerio Público ve cómo sus esfuerzos por avanzar en una acusación de alta connotación pública se ven frenados por tecnicismos judiciales. Se observa una construcción de narrativas contrapuestas: mientras la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado presentan el caso como un esquema de corrupción sistemática, el senador y sus aliados construyen un relato de persecución judicial y desorden administrativo, intentando deslegitimar la rigurosidad de los procesos del Ministerio Público ante la opinión pública.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió dejar sin efecto la audiencia de desafuero contra el senador independiente Miguel Ángel Calisto, programada originalmente para el 10 de julio. Esta decisión judicial se fundamenta en la reciente reapertura de la investigación por fraude al fisco, decretada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique por un plazo de 60 días. El tribunal de alzada determinó que, al no estar cerrada la etapa indagatoria, no se cumplen los requisitos procesales necesarios para proceder con la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.

Análisis político

La estrategia de la defensa del senador Calisto se ha centrado en utilizar los plazos procesales y la reapertura de la investigación para dilatar el desafuero, logrando mantener su fuero parlamentario y su capacidad de voto en el Senado en un momento clave para la tramitación de la megarreforma. Esta táctica de litigación busca desgastar la acusación de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, mientras el parlamentario continúa ejerciendo sus funciones legislativas a pesar de la gravedad de las imputaciones que podrían conllevar hasta 12 años de cárcel. En este escenario, el senador gana tiempo político y judicial, mientras que el Ministerio Público ve frenado su avance hacia el juicio oral, debiendo esperar la conclusión de las nuevas diligencias para insistir en el desafuero. La narrativa se construye bajo una tensión constante entre el derecho a la defensa y la celeridad de la justicia, donde la posible inhabilidad del ministro Jean Pierre Matus en futuras instancias ante la Corte Suprema añade una capa de incertidumbre sobre el desenlace final del proceso.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la reapertura de la investigación por fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto, otorgando un plazo de 60 días para realizar nuevas diligencias. Esta resolución judicial dejó sin efecto el cierre previo de la causa y la acusación formal presentada por el Ministerio Público, que solicita una pena de 12 años de cárcel para el parlamentario. La medida responde a solicitudes de las defensas de los imputados, incluyendo la del propio senador, para ejecutar peritajes y tomar declaraciones adicionales.

Análisis político

La estrategia de la defensa del senador Calisto se centra en utilizar los plazos procesales para invalidar la solicitud de desafuero, argumentando que esta requiere una investigación formalmente cerrada. Al lograr la reapertura, el parlamentario busca ganar tiempo y debilitar la acusación fiscal, mientras el Ministerio Público intenta evitar dilaciones que impidan llegar a un juicio oral por el presunto fraude de 100 millones de pesos. En este escenario, el senador Calisto gana tiempo político, lo cual es relevante dado que su voto es considerado clave para la aprobación de la megarreforma del Gobierno en el Senado. Por otro lado, la Fiscalía pierde el impulso inmediato de su acusación, enfrentando una narrativa de la defensa que califica los testimonios de los excolaboradores como maniobras interesadas para obtener beneficios procesales, mientras el oficialismo observa con preocupación la inestabilidad de los apoyos legislativos necesarios para su agenda.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó la reapertura de la investigación por fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto, otorgando un plazo de 60 días para realizar nuevas diligencias. Esta resolución judicial deja sin efecto el cierre previo de la causa y la acusación formal presentada por el Ministerio Público, que solicitaba una pena de 12 años de cárcel. La medida responde a solicitudes de las defensas de los imputados, incluyendo la del parlamentario, quien busca refutar nuevos testimonios de coimputados que lo vinculan con contrataciones irregulares.

Análisis político

La estrategia de la defensa del senador Calisto se centra en la dilación procesal y la impugnación de la validez de las pruebas, buscando evitar que el desafuero sea discutido en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt mientras la investigación permanezca abierta. Al lograr la reapertura, el parlamentario intenta neutralizar el avance del Ministerio Público, que busca romper su inmunidad constitucional para proceder con el juicio oral por un fraude estimado en más de 100 millones de pesos. En este escenario, el Ministerio Público pierde impulso inmediato al verse obligado a retomar diligencias, mientras que la defensa gana tiempo para intentar desvirtuar los testimonios de excolaboradores que cambiaron sus versiones. La narrativa del senador se construye sobre la supuesta vulneración de garantías procesales y el uso de declaraciones modificadas por conveniencia, contraponiéndose a la tesis de la Fiscalía, que sostiene la existencia de un mecanismo de corrupción mediante asesorías ficticias.