Corte Suprema remueve a cuatro jueces más por viajes durante licencias médicas
Resumen
La Corte Suprema de Chile elevó a 15 el número de magistrados removidos tras confirmar la salida de cuatro jueces adicionales. Esta medida se fundamenta en el artículo 80 de la Constitución, que exige un buen comportamiento a los integrantes del Poder Judicial, tras detectarse viajes al extranjero realizados durante periodos de licencia médica. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, informó que la decisión se tomó tras revisar ocho expedientes, de los cuales cuatro resultaron en remoción y cuatro en la permanencia de los jueces en sus cargos.
El proceso disciplinario, que comenzó en julio con la apertura de 58 cuadernos de remoción, ha enfrentado diversas etapas de revisión y suspensiones temporales. Varios de los magistrados investigados recurrieron al Tribunal Constitucional para frenar sus procesos, aunque la reciente inadmisibilidad de estos recursos permitió que la Corte Suprema retomara las votaciones. La jornada de deliberación reflejó divisiones internas en el pleno, donde solo una de las remociones fue aprobada por unanimidad, mientras que las otras tres requirieron votaciones divididas.
La fase final de este proceso está programada para el 19 de octubre, fecha en la que se resolverá la situación de los cinco magistrados restantes. Entre los casos pendientes destaca el del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, cuya trayectoria ha estado marcada por controversias previas. La resolución de estos expedientes marcará el cierre de una revisión inédita por su volumen dentro de la judicatura nacional.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de autorregulación institucional por parte de la Corte Suprema, que busca restaurar la legitimidad del Poder Judicial ante la opinión pública mediante la aplicación estricta del estándar de 'buen comportamiento'. La utilización del artículo 80 constitucional funciona como una herramienta de control disciplinario interno que, al ser ejecutada de manera masiva, intenta neutralizar las críticas sobre la falta de probidad en la magistratura.
En este escenario, el Poder Judicial gana en términos de imagen institucional al depurar sus filas, pero pierde cohesión interna debido a las votaciones divididas que exponen fracturas en el pleno. La narrativa oficial se construye bajo el imperativo de la ética judicial, mientras que los jueces afectados intentan trasladar el conflicto al ámbito constitucional para dilatar o revertir las sanciones, construyendo una narrativa de defensa frente a lo que consideran una persecución administrativa.
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