La Corte Suprema ratificó el rechazo al recurso de amparo presentado por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, quien buscaba reabrir la investigación en su contra por fraude al Fisco. El máximo tribunal respaldó la resolución previa de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, argumentando que no existen diligencias pendientes y que los antecedentes solicitados por el parlamentario no forman parte de la acusación formal. La Fiscalía Regional de Aysén sostiene que el perjuicio económico al Estado supera los 100 millones de pesos mediante el pago de asesorías parlamentarias ficticias entre 2018 y 2022. En paralelo, el senador enfrenta un proceso de desafuero confirmado unánimemente por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Esta medida busca retirar la inmunidad parlamentaria del legislador para permitir que el proceso penal avance hacia la etapa de preparación de juicio oral. Calisto ha manifestado su intención de apelar esta decisión ante la Corte Suprema, insistiendo en su inocencia y calificando la investigación como una acusación injusta basada en denuncias anónimas. La situación judicial del parlamentario genera repercusiones en el equilibrio de fuerzas dentro del Senado. Aunque el oficialismo mantiene su mayoría, la pérdida de un voto relevante complica la gestión legislativa del Gobierno, obligándolo a depender de apoyos externos para asegurar la aprobación de sus proyectos. El caso involucra a ocho imputados y se ha extendido por cerca de siete años, marcando un complejo escenario para la carrera política del senador por Aysén.

Análisis político

La estrategia política del senador Calisto se centra en la victimización y la deslegitimación del proceso judicial, utilizando su base electoral en Aysén como escudo de legitimidad frente a las acusaciones. Al insistir en que el desafuero no constituye una condena, busca minimizar el impacto político de la medida judicial, mientras intenta trasladar el debate hacia una supuesta vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso. Esta táctica busca mantener su capital político intacto ante sus electores, presentándose como un perseguido por el Ministerio Público. El gran perdedor en este evento es la estabilidad del oficialismo en el Senado, que ve reducida su capacidad de maniobra y se vuelve más vulnerable a las negociaciones con parlamentarios independientes o de oposición. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno al lograr que el máximo tribunal valide la solidez de sus antecedentes, permitiendo que la causa avance hacia el juicio oral. La narrativa se divide entre la defensa, que apela a la presunción de inocencia y la desconfianza en la investigación, y el Ministerio Público, que construye un relato basado en la probidad y el resguardo de los recursos públicos.