Corte Suprema ratifica condena de 28 años contra Santiago Uribe tras negar tutelaActualizado · hace 39 días
Resumen
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, con la cual buscaba revocar la condena de 28 años y tres meses de prisión impuesta en su contra. El alto tribunal determinó que no existió vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad o el acceso a la administración de justicia. Esta decisión mantiene en firme la sentencia por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, relacionados con su liderazgo en el grupo paramilitar 'Los 12 Apóstoles'.
El proceso judicial contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe ha atravesado diversas etapas desde su absolución inicial en noviembre de 2024. Posteriormente, el Tribunal Superior de Antioquia revocó dicha decisión en noviembre de 2025, hallándolo responsable de la conformación de la estructura criminal y del asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó integralmente esta condena en junio de 2026, rechazando posteriormente un recurso de casación por considerarlo improcedente al tratarse de una decisión de cierre.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, argumentó que el cierre del trámite judicial fue prematuro y que existían vacíos normativos en el procedimiento. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que la Sala Penal actuó conforme a derecho y que permitir una nueva revisión convertiría al tribunal en una tercera instancia no prevista por la ley. Santiago Uribe, quien se presentó ante las autoridades en junio de 2026, continúa cumpliendo su pena recluido en una guarnición militar en Rionegro, Antioquia.
Análisis Político
La estrategia de la defensa se ha centrado en agotar recursos extraordinarios y tutelas para cuestionar la validez procedimental de las decisiones judiciales, buscando dilatar la ejecución de la pena o lograr una revisión de fondo que la Corte ha calificado como una pretensión de tercera instancia. Esta táctica busca mantener el debate en el terreno de la técnica jurídica para evitar la consolidación definitiva de la responsabilidad penal, mientras que el alto tribunal ha reafirmado su rol como órgano de cierre, cerrando las vías procesales para revertir el fallo.
El evento representa una derrota judicial significativa para el entorno del expresidente Álvaro Uribe, consolidando una narrativa judicial que vincula a Santiago Uribe con el paramilitarismo y la ejecución de políticas de exterminio social en Antioquia. Mientras la justicia ratifica la existencia de una estructura criminal bajo su mando, los actores políticos cercanos al condenado intentan deslegitimar el proceso señalando supuestas manipulaciones mediáticas y falsos testigos, construyendo una narrativa de persecución judicial que contrasta con la contundencia de los fallos de las altas cortes.
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