La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la privación de la libertad del excongresista Wadith Manzur al negar la solicitud de libertad presentada por su defensa. El recurso buscaba un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento impuesta en marzo, argumentando que el tribunal no cumplió con los requisitos legales. La Corte desestimó los argumentos, señalando que el procesado no demostró irregularidades en la competencia o en el derecho a la defensa durante la imposición de la medida. El excongresista, quien permanece recluido en la cárcel La Picota, enfrenta un proceso por presunto cohecho impropio relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación sugiere que Manzur habría aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de favorecer proyectos de endeudamiento externo. El alto tribunal enfatizó que la situación funcional del procesado y la terminación de su periodo legislativo no afectan la validez de la medida cautelar vigente. Previamente, Manzur había manifestado públicamente su intención de no someterse a negociaciones con la justicia y de acudir a juicio oral para defender su inocencia. El político ha negado cualquier vínculo con el desfalco de los carrotanques en La Guajira, calificando su actuación como una gestión legítima de proyectos para su departamento. La Corte Suprema reiteró que contra esta decisión de mantener la reclusión no procede recurso alguno.

Análisis político

La estrategia de defensa de Manzur se centra en la victimización y la deslegitimación de las acusaciones, intentando separar su caso del escándalo mediático de la UNGRD para presentarlo como una labor parlamentaria legítima. Al rechazar cualquier negociación, el excongresista busca mantener su capital político y evitar el estigma de colaborador, apostando por un juicio oral donde espera que la falta de pruebas directas sobre el cohecho le permita obtener una absolución. Con esta decisión, la Corte Suprema reafirma su autonomía frente a las presiones políticas y las maniobras dilatorias de los procesados, consolidando su posición como el actor que controla el ritmo del proceso judicial. Pierde Manzur, al ver cerradas sus opciones de libertad inmediata y enfrentar un juicio desde la reclusión, mientras que el sistema judicial gana legitimidad al mantener la firmeza en un caso de alta relevancia pública que involucra la corrupción en la gestión de recursos estatales.

El senador electo Wadith Manzur, vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), negó categóricamente a través de su defensa que esté buscando acuerdos de colaboración con las autoridades judiciales. Su abogado, Luis Carlos Torregroza, confirmó que el congresista comparecerá ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para enfrentar un juicio oral. Esta postura busca desmentir versiones que circulaban en medios y redes sociales sobre una posible negociación de beneficios a cambio de declaraciones.

Análisis político

La estrategia de Manzur se centra en mantener una narrativa de inocencia absoluta, distanciándose del escándalo de los carrotanques y calificando su actuación como una gestión legítima de proyectos regionales. Al rechazar el papel de colaborador, el senador busca evitar el estigma de 'delator' ante su base política y el Partido Conservador, mientras intenta trasladar la responsabilidad del desfalco de la UNGRD hacia otros actores gubernamentales. El representante Andrés Guerra, del Centro Democrático, capitaliza el evento presionando a Manzur para que 'prenda el ventilador', buscando desgastar la imagen del oficialismo y de la Comisión de Acusaciones. En este escenario, Manzur pierde libertad física y capital político, pero gana una oportunidad de confrontación jurídica directa, mientras que sus opositores políticos ganan terreno al mantener vivo el debate sobre la corrupción en el Congreso.

El senador electo Wadith Manzur, vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desmintió a través de su defensa cualquier intención de colaborar con la justicia. El congresista, quien enfrenta un proceso por presunto cohecho impropio, aseguró que no se someterá a negociaciones ni entregará declaraciones a cambio de beneficios. Su abogado confirmó que el político acudirá a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para validar su presunción de inocencia en juicio oral. Manzur enfatizó que su caso no guarda relación con la compra de carrotanques en La Guajira, sino con la gestión de un proyecto regional que considera parte de sus funciones legislativas. El dirigente cuestionó las versiones que lo vinculan con el entramado de corrupción y exigió que las autoridades se enfoquen en el destino de 1.6 billones de pesos contratados por la entidad. Asimismo, rechazó las acusaciones del representante Andrés Guerra, quien lo instó públicamente a revelar información sobre irregularidades en la Comisión de Acusaciones. La situación judicial del senador ha generado tensiones en el Congreso, donde sectores políticos han presionado para que revele detalles sobre posibles sobornos. Mientras Manzur sostiene que su detención responde a políticas penitenciarias del Gobierno y no a su conducta, su defensa prepara la estrategia para el juicio. El proceso judicial sigue en curso, manteniendo al congresista bajo medida de aseguramiento mientras busca demostrar su inocencia ante la Corte Suprema.

Análisis político

La estrategia de Manzur se centra en la victimización y la deslegitimación de las acusaciones, presentándose como un perseguido político que defiende su gestión regional frente a un supuesto espectáculo mediático. Al negar cualquier colaboración, busca mantener la cohesión de sus apoyos políticos y evitar represalias de otros actores involucrados en el escándalo, mientras utiliza el discurso de la 'presunción de inocencia' para contrarrestar la narrativa de corrupción que lo rodea. En este escenario, el mayor riesgo lo asumen los congresistas que temen que un eventual 'ventilador' de Manzur revele acuerdos internos en la Comisión de Acusaciones, lo que explica la presión pública de sus opositores. Gana terreno la narrativa de la incertidumbre, donde el silencio del procesado protege a otros actores del sistema, mientras que el Gobierno y la oposición intentan capitalizar el escándalo para desgastar a sus contrapartes en el legislativo.