Corte Suprema concede libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle por vencimiento términos
Resumen
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia otorgó la libertad provisional a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecían recluidos en la cárcel La Picota. La decisión se fundamentó en el vencimiento de términos, al cumplirse un año desde la resolución de acusación sin que se hubiera instalado la audiencia de juzgamiento. Este beneficio procesal se ampara en el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000.
Los procesados enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación agravado en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según la investigación, habrían recibido sumas millonarias para favorecer el trámite de reformas gubernamentales en el Congreso. La Corte aclaró que esta medida no constituye una absolución ni el cierre del proceso penal, por lo que ambos seguirán vinculados a la investigación.
Para hacer efectiva la salida del centro carcelario, los exlegisladores deben cumplir con el pago de una caución prendaria de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y suscribir un acta de compromiso ante la Sala. Adicionalmente, el INPEC deberá verificar que no existan otros requerimientos judiciales vigentes contra ellos. La decisión judicial aún puede ser objeto de recursos de reposición y apelación por parte de las autoridades competentes.
Análisis Político
La estrategia de las defensas se centró en la explotación de los tiempos procesales, logrando un resultado favorable al evidenciar la inactividad judicial en la etapa de juzgamiento. Este evento representa una victoria táctica para los excongresistas, quienes recuperan su movilidad mientras continúa el proceso, aunque el impacto político de sus casos ya ha derivado en sanciones como la pérdida de investidura para uno de ellos. Por otro lado, el sistema judicial enfrenta un desgaste reputacional al no lograr avanzar hacia una sentencia en un caso de alta relevancia pública.
La narrativa de los procesados se construye sobre la base de la garantía del debido proceso y la aplicación estricta de la ley, desvinculándose de la responsabilidad penal mediante el uso de tecnicismos legales. En contraste, la opinión pública y los sectores críticos del Gobierno mantienen el foco en la gravedad de las acusaciones de corrupción que involucran la supuesta compra de apoyo legislativo. La libertad provisional, al ser un acto técnico, es interpretada por los actores políticos según su conveniencia, ya sea como una falla del sistema o como una prueba de la presunción de inocencia.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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