Corte Suprema cita a directora administrativa del Senado por obstrucción en caso sexocontratos
Resumen
La Corte Suprema de Justicia abrió un incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado, tras las dificultades presentadas durante una inspección judicial en el Congreso. Funcionarios del despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado intentaron recopilar documentos sobre los contratos de Deicy Jiménez, pero inicialmente se les impidió el acceso a las instalaciones. Salamanca deberá comparecer el próximo 17 de noviembre para explicar las razones de este retraso en la diligencia.
La investigación central gira en torno a las denuncias de Deicy Jiménez, quien sostiene que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales, señalando directamente al expresidente Gustavo Petro. La Corte busca verificar siete contratos suscritos por Jiménez con el Congreso entre 2021 y 2023, documentos en los cuales la firma de Salamanca aparece como responsable de su aprobación. La diligencia judicial pretende contrastar estos registros con el material probatorio entregado por la denunciante, incluyendo un dispositivo móvil.
La funcionaria, quien recientemente fue reelegida en su cargo, enfrenta la posibilidad de sanciones disciplinarias o penales si no justifica satisfactoriamente la obstrucción. De no ser aceptadas sus explicaciones, la Corte podría imponer medidas que incluyen hasta 30 días de arresto. Mientras tanto, el expresidente Petro ha negado las acusaciones, calificándolas como ataques sin sustento probatorio y cuestionando la validez del material audiovisual presentado en el proceso.
Análisis Político
La estrategia de la defensa del expresidente Petro se centra en deslegitimar el material probatorio, argumentando que no ha sido sometido a peritajes judiciales y que carece de contexto, mientras que sectores de oposición utilizan el caso para reforzar narrativas sobre la supuesta corrupción y el abuso de poder durante su mandato. La apertura del incidente contra la directora administrativa del Senado añade una capa de tensión institucional, al sugerir una posible resistencia burocrática para proteger información sensible que podría comprometer a figuras del Pacto Histórico.
En este escenario, el mayor riesgo político lo asume el entorno cercano al exmandatario, cuya imagen se ve afectada por la vinculación de contratos estatales con denuncias de índole sexual. Por otro lado, la Corte Suprema gana legitimidad al mostrar firmeza frente a posibles obstrucciones, reafirmando su autonomía frente a los poderes legislativo y ejecutivo. La construcción de la narrativa se divide entre quienes exigen justicia ante un presunto uso indebido de recursos públicos y quienes denuncian una persecución política basada en la exposición de la vida privada.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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