Corte de Puerto Montt confirma desafuero del senador Miguel Ángel Calisto por fraude al FiscoActualizado · hace 42 días
Resumen
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero contra el senador independiente Miguel Ángel Calisto, en el marco de una investigación por fraude al Fisco y fraude de subvenciones. El Ministerio Público acusa al parlamentario de concertarse con terceros para obtener más de 100 millones de pesos mediante asesorías legislativas falsas entre 2018 y 2022. Esta resolución permite que la causa penal avance hacia la etapa de preparación de juicio oral, una vez que el fallo quede ejecutoriado.
El senador Calisto, quien ya había sido desaforado anteriormente cuando ejercía como diputado, anunció que recurrirá a la Corte Suprema para revertir la decisión. El parlamentario sostiene su inocencia, califica la investigación como injusta y afirma que el desafuero no constituye una condena, sino un procedimiento legal que no afecta su continuidad en el Senado. Su defensa también ha interpuesto un recurso de amparo para revisar la carpeta investigativa y garantizar su derecho a defensa.
La resolución judicial ha generado tensiones políticas debido a la estrecha mayoría legislativa que mantiene el Gobierno en la Cámara Alta, donde Calisto actúa como un voto externo clave. La senadora Beatriz Sánchez cuestionó duramente al parlamentario tras conocerse el fallo, criticando que este participara en una votación sobre un nombramiento en la Corte Suprema apenas una hora antes de ser desaforado. La Fiscalía ha solicitado una pena de hasta 12 años de presidio para el legislador por los delitos imputados.
Análisis Político
La estrategia política del senador Calisto se centra en la victimización y la apelación a la legitimidad electoral, utilizando su respaldo en la Región de Aysén como escudo frente a la arremetida judicial. Al mismo tiempo, el oficialismo y la oposición construyen narrativas contrapuestas: mientras el Gobierno depende de votos externos para avanzar en su agenda, la oposición utiliza este evento para cuestionar la probidad de los aliados del Ejecutivo, buscando desgastar la imagen de la administración actual mediante la asociación con casos de corrupción.
En este escenario, el gran perdedor es la estabilidad de las mayorías parlamentarias del Gobierno, que ve amenazada su capacidad de maniobra ante una eventual suspensión del senador. Por otro lado, el Ministerio Público gana legitimidad institucional al persistir en la persecución penal a pesar de los cambios de fuero del imputado. La narrativa se polariza entre quienes defienden el debido proceso y la presunción de inocencia, y quienes exigen estándares éticos superiores para los representantes públicos en el ejercicio de sus funciones.
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