La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto. El parlamentario es investigado por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco, relacionados con el uso de asignaciones parlamentarias durante su periodo como diputado entre 2018 y 2022. La Fiscalía sostiene que se contrataron servicios inexistentes por un monto superior a los 100 millones de pesos, acusación que el legislador ha negado sistemáticamente. El senador anunció que apelará la resolución ante la Corte Suprema, argumentando que el desafuero no constituye una condena y que mantiene su derecho a la defensa. Calisto ya había enfrentado un proceso similar en 2025 cuando ejercía como diputado, el cual fue confirmado por el máximo tribunal en aquella oportunidad. Tras asumir su actual cargo, el Ministerio Público debió solicitar nuevamente la medida para avanzar en la causa penal que contempla una solicitud de pena de 12 años de cárcel. La Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, emitió una declaración pública manifestando su respeto por la autonomía del Poder Judicial. La corporación aseguró que este proceso judicial no afectará el funcionamiento legislativo ni el calendario de trabajo de la Sala y sus comisiones. Asimismo, reafirmaron su compromiso con la probidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Análisis político

La estrategia del senador Calisto se centra en desdramatizar el fallo judicial, presentándolo como una etapa procesal técnica y no como un veredicto de culpabilidad, mientras busca refugio en la Corte Suprema para dilatar el avance de la causa penal. Por otro lado, la Mesa del Senado opta por una postura institucional de distancia, evitando defender al parlamentario pero garantizando la continuidad operativa de la Cámara Alta para minimizar el impacto político del caso en la agenda legislativa. El Gobierno de José Antonio Kast es el principal afectado en términos de gobernabilidad, ya que la pérdida de un voto en el Senado complica la construcción de mayorías estables, obligando al oficialismo a negociar con sectores independientes o de oposición. Mientras el Ministerio Público gana terreno al lograr que la justicia habilite el avance de la investigación, el senador pierde capital político y queda en una posición de vulnerabilidad, dependiendo de la resolución final de la Corte Suprema para definir su futuro en la corporación.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó por unanimidad la solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto, permitiendo que el Ministerio Público avance formalmente en la causa penal en su contra. La investigación, que se ha extendido por siete años, indaga presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco vinculados al pago de más de 100 millones de pesos por asesorías parlamentarias que, según la fiscalía, no habrían sido prestadas efectivamente. Este fallo judicial marca un hito en el proceso penal, al despojar al parlamentario de su fuero constitucional para que pueda enfrentar la justicia en igualdad de condiciones. La resolución fue acogida de manera unánime por el tribunal de alzada, validando los antecedentes presentados por el Ministerio Público sobre una supuesta concertación para defraudar los recursos públicos destinados a la labor legislativa. Tras esta decisión, se espera que la defensa del senador recurra a instancias superiores, como la Corte Suprema, para intentar revertir la medida. Mientras tanto, el caso mantiene la atención pública sobre la probidad en el ejercicio de las funciones parlamentarias y el uso de los fondos asignados para asesorías externas en el Congreso.

Análisis político

La estrategia del senador Calisto se ha estructurado en dos frentes: una defensa judicial agresiva que busca dilatar el proceso mediante recursos de amparo y apelaciones, y una narrativa política que intenta desvincular el desafuero de una culpabilidad penal. Al apelar a su capital político y al respaldo electoral en la región de Aysén, el parlamentario busca cuestionar la legitimidad de la investigación, presentándola como un proceso que no debe afectar su desempeño ni su credibilidad ante sus electores. Por su parte, la Mesa del Senado ha mantenido una postura institucional de neutralidad, evitando intervenir en un proceso que ahora se traslada plenamente al ámbito de los tribunales. Este escenario pone a prueba la capacidad del sistema político para gestionar crisis de probidad, mientras el senador intenta mantener su narrativa de inocencia frente a un proceso judicial que, tras siete años de indagatorias, ha alcanzado una etapa crítica que podría definir su futuro político.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto, investigado por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. La causa se centra en el supuesto pago de más de 100 millones de pesos por asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, no habrían sido realizadas durante su periodo como diputado entre 2018 y 2022. El parlamentario rechazó las acusaciones, calificándolas de falsas, y anunció que apelará la resolución ante la Corte Suprema para defender su inocencia. El senador argumentó que el desafuero no constituye una condena y que el proceso judicial le permitirá presentar sus descargos ante las instancias correspondientes. Calisto sostiene que las auditorías del Consejo de Asignaciones Parlamentarias no presentaron observaciones sobre su gestión y que la investigación ha sido injusta. Esta es la segunda vez que el legislador enfrenta un proceso de esta naturaleza, tras haber sido desaforado previamente en 2025 durante su ejercicio como diputado. La Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, emitió una declaración pública manifestando su respeto por la autonomía del Poder Judicial. La corporación aseguró que la situación judicial del senador no alterará el funcionamiento legislativo ni el calendario de trabajo de la Cámara Alta. El fallo permite que el Ministerio Público avance en la causa penal, donde ya ha solicitado una pena de 12 años de cárcel para el parlamentario.

Análisis político

La estrategia del senador Calisto se basa en desvincular el desafuero de una culpabilidad penal, utilizando su capital político y el respaldo electoral obtenido en Aysén para cuestionar la legitimidad de la investigación. Al mismo tiempo, la Mesa del Senado adopta una postura institucional de neutralidad y respeto a la separación de poderes, buscando blindar la imagen de la corporación frente a las acusaciones de corrupción que afectan a uno de sus miembros. El Gobierno de José Antonio Kast es el principal afectado en términos de gobernabilidad, ya que la pérdida de un voto relevante complica la mayoría oficialista en el Senado, obligando al Ejecutivo a negociar con sectores independientes o de oposición. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno al lograr la luz verde judicial para avanzar en un caso emblemático de uso de recursos públicos, mientras que el senador pierde su inmunidad, quedando expuesto a un juicio penal que podría derivar en una condena de 12 años de cárcel.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto, investigado por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. La causa se centra en el supuesto pago de más de 100 millones de pesos por asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, no habrían sido realizadas durante su periodo como diputado entre 2018 y 2022. El parlamentario rechazó las acusaciones, calificándolas de falsas, y anunció que apelará la resolución ante la Corte Suprema para defender su inocencia. El senador argumentó que el desafuero no constituye una condena y que el proceso judicial le permitirá presentar sus descargos ante las instancias correspondientes. Calisto sostiene que las auditorías del Consejo de Asignaciones Parlamentarias no presentaron observaciones sobre su gestión y que la investigación ha sido injusta. Esta es la segunda vez que el legislador enfrenta un proceso de esta naturaleza, tras haber sido desaforado previamente en 2025 durante su ejercicio como diputado. La Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez e Iván Moreira, emitió una declaración pública manifestando su respeto por la autonomía del Poder Judicial. La corporación aseguró que la situación judicial del senador no alterará el funcionamiento legislativo ni el calendario de trabajo de la Cámara Alta. El fallo permite que el Ministerio Público avance en la causa penal, donde ya ha solicitado una pena de 12 años de cárcel para el parlamentario.

Análisis político

La estrategia del senador Calisto se basa en desvincular el desafuero de una culpabilidad penal, utilizando su capital político y el respaldo electoral obtenido en Aysén para cuestionar la legitimidad de la investigación. Al mismo tiempo, la Mesa del Senado adopta una postura institucional de neutralidad y respeto a la separación de poderes, buscando blindar la imagen de la corporación frente a las acusaciones de corrupción que afectan a uno de sus miembros. El Gobierno de José Antonio Kast es el principal afectado en términos de gobernabilidad, ya que la pérdida de un voto relevante complica la mayoría oficialista en el Senado, obligando al Ejecutivo a negociar con sectores independientes o de oposición. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno al lograr la luz verde judicial para avanzar en un caso emblemático de uso de recursos públicos, mientras que el senador pierde su inmunidad, quedando expuesto a un juicio penal que podría derivar en una condena de 12 años de cárcel.