La Contraloría General de la República anunció un seguimiento fiscal estricto a los contratos suscritos por la Cancillería bajo la figura de urgencia manifiesta. Esta medida busca garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a la producción y entrega de pasaportes, tras la crisis generada por la suspensión judicial de los convenios previos con Portugal. El contralor Jorge Laverde solicitó formalmente toda la documentación técnica, presupuestal y contractual para evaluar la idoneidad de los contratistas y la razonabilidad de los precios pactados. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta para evitar la interrupción del servicio, amparándose en la necesidad de mantener la operatividad mientras se resuelve la situación jurídica del modelo de pasaportes. La Contraloría advirtió que esta figura excepcional no exime a la entidad de cumplir con la ley ni de responder por posibles irregularidades en el manejo de los fondos. El organismo de control enfatizó que los nuevos contratos deben limitarse estrictamente a las necesidades indispensables para la continuidad del servicio. La entidad de control instó a la Cancillería a no depender indefinidamente de mecanismos de contratación directa y a estructurar una licitación pública definitiva. El contralor Laverde subrayó que la solución de emergencia debe ser temporal y estar acompañada de un cronograma claro con responsables definidos. La vigilancia fiscal se mantendrá activa para asegurar que los ciudadanos reciban sus documentos sin contratiempos, evaluando incluso la apertura de un seguimiento especial por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal.

Análisis político

La estrategia de la Contraloría se centra en ejercer un control preventivo que busca equilibrar la necesidad operativa del Gobierno con la transparencia administrativa, evitando que la urgencia manifiesta se convierta en un mecanismo de contratación discrecional. Al exigir una licitación pública, el organismo de control presiona al Ejecutivo para que abandone la excepcionalidad y retome los procesos ordinarios, lo cual limita el margen de maniobra de la Cancillería en la gestión de la crisis. El Gobierno pierde capacidad de gestión autónoma al quedar bajo la lupa fiscal, lo que aumenta el costo político de cualquier error en la contratación de emergencia. Por su parte, la Contraloría gana legitimidad institucional al posicionarse como un garante de la eficiencia y la legalidad frente a una crisis que afecta directamente a la ciudadanía. La narrativa del Gobierno se enfoca en la continuidad del servicio, mientras que la del ente de control prioriza la vigilancia del gasto y la exigencia de soluciones estructurales definitivas.