La Contraloría General de la República identificó 41 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de 39.139 millones de pesos tras auditar los recursos ejecutados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025. El organismo de control reportó un total de 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 presentan presunta incidencia disciplinaria y uno tiene carácter penal. Estas irregularidades se derivan principalmente de fallas en la planeación contractual, sobrecostos en raciones y pagos indebidos a manipuladoras de alimentos. El ente fiscalizador advirtió además sobre un riesgo inminente de interrupción en el servicio para 600.000 estudiantes en 13 entidades territoriales certificadas. Esta situación ocurre debido a la finalización de contratos vigentes sin que existan procesos de licitación en curso o disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad del programa en lo que resta de 2026. La entidad enfatizó que estas deficiencias comprometen el bienestar de los menores y dificultan el avance hacia la cobertura universal del PAE. La cobertura actual del programa se sitúa en un 87%, lo que implica que cerca de un millón de estudiantes en el país permanecen sin recibir alimentación escolar en sus entornos educativos. Hasta el momento, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, encargada de la administración del programa, no ha emitido una respuesta oficial frente a los hallazgos y las alertas de desfinanciación. La Contraloría mantiene la vigilancia sobre los recursos públicos para evitar que las deficiencias administrativas sigan afectando el derecho a la alimentación de los menores.

Análisis político

La estrategia de la Contraloría se centra en el ejercicio de un control preventivo y sancionatorio que busca visibilizar la ineficiencia administrativa en la ejecución de recursos sociales críticos. Al exponer fallas estructurales en la planeación y sobrecostos, el organismo de control posiciona su rol como garante de la transparencia frente a la gestión del Gobierno, trasladando la presión política hacia las entidades territoriales y la unidad administrativa encargada del PAE. El gran perdedor político es la administración central y las autoridades locales, cuya capacidad de gestión queda cuestionada ante la opinión pública por la posible interrupción del servicio a 600.000 niños. Por su parte, la Contraloría gana legitimidad al actuar como un ente fiscalizador riguroso que señala la brecha entre la meta de cobertura universal y la realidad operativa del programa. La narrativa se construye desde la urgencia de proteger los recursos públicos frente a la inoperancia, contrastando la retórica de bienestar social con la realidad de la ejecución contractual.