La Contraloría General de la República alertó que, a cinco meses de declarada la emergencia económica por el frente frío en febrero de 2026, la ejecución de los recursos recaudados es prácticamente nula. Aunque el Gobierno nacional ha logrado recaudar 7,59 billones de pesos, equivalentes al 87,5% de la adición presupuestal, estos dineros no se han traducido en obligaciones ni pagos efectivos. El ente de control señaló que la mayoría de los sectores responsables, incluyendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mantienen los procesos en fase de estructuración de convenios. El informe detalla que ministerios como Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, así como entidades como el ICBF y Prosperidad Social, presentan una ejecución nula de los fondos asignados. En sectores como Vivienda y Educación, aunque existen certificados de disponibilidad presupuestal, no se ha concretado el gasto. Esta parálisis administrativa impide la atención integral de las comunidades afectadas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La Contraloría cuestionó la ausencia de un Plan de Acción Específico que defina cronogramas, responsables y metas claras para la inversión de los recursos. Adicionalmente, el organismo advirtió que la diferencia entre lo recaudado y los 8,68 billones de pesos incorporados al Presupuesto General de la Nación representa un riesgo para la sostenibilidad financiera del segundo semestre. El llamado del ente auditor es a acelerar la formalización de convenios para garantizar que los fondos cumplan con su propósito de recuperación territorial.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la obtención de recursos mediante medidas tributarias extraordinarias para responder a una crisis climática, buscando legitimidad a través de la declaratoria de emergencia. Sin embargo, la ineficiencia en la ejecución operativa expone una debilidad en la capacidad de gestión estatal, lo que permite a los órganos de control ejercer una presión política significativa al señalar la brecha entre la recaudación y el impacto real en las comunidades damnificadas. El gran perdedor es el Ejecutivo, cuya narrativa de respuesta rápida ante la emergencia se ve socavada por la falta de resultados tangibles, lo que alimenta críticas sobre su capacidad administrativa. Por otro lado, la Contraloría se posiciona como un actor clave que construye una narrativa de vigilancia técnica y rigor fiscal, capitalizando el descontento social por la demora en las obras y obligando al Gobierno a rendir cuentas sobre la destinación de los impuestos extraordinarios.