El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 234 de 2026, expedido durante el gobierno de Gustavo Petro, que facultaba a los sindicatos para presentar pliegos de peticiones unificados ante sectores económicos completos o holdings empresariales. La Sección Segunda del tribunal determinó, de manera preliminar, que el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria al crear elementos estructurales de un modelo de negociación que, por reserva de ley, corresponden al Congreso. Esta medida cautelar responde a múltiples demandas de nulidad presentadas por gremios como la Andi, la SAC, Fenalco y Acopi. Los gremios demandantes argumentaron que la norma representaba un riesgo para las empresas, especialmente para las pequeñas, al obligarlas a negociar en mesas colectivas junto a grandes compañías. El tribunal coincidió en que el decreto vulneraba los artículos 53 y 189 de la Constitución Política al invadir competencias legislativas en materia laboral. La decisión no constituye un fallo definitivo, pero obliga a las dependencias del Ministerio del Trabajo a abstenerse de aplicar la norma mientras se resuelve el proceso de fondo. El Ministerio del Trabajo, bajo la administración actual, informó que acatará la decisión judicial y aclaró que el derecho a la negociación colectiva sigue vigente bajo el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios internacionales. La cartera laboral indicó que las convenciones colectivas actuales mantienen su validez y que cualquier modificación estructural en los niveles de negociación deberá ser discutida en el Congreso. El equipo jurídico del Ministerio evalúa actualmente los efectos de esta suspensión en los trámites que se encontraban en curso.

Análisis político

La estrategia del gobierno anterior consistió en utilizar la vía administrativa para implementar reformas que no lograron avanzar en el Legislativo, buscando consolidar una agenda sindical mediante decretos. Esta táctica es interpretada por el Consejo de Estado como una extralimitación de funciones, lo que refuerza el principio de separación de poderes y limita la capacidad del Ejecutivo para legislar por decreto en temas de reserva legal. Los gremios empresariales resultan ganadores en esta instancia al lograr frenar un modelo que consideraban una amenaza a la autonomía de las empresas y a la seguridad jurídica. Por el contrario, el sector sindical y los defensores de la política laboral del gobierno Petro pierden una herramienta clave para la unificación de pliegos. La narrativa se divide entre quienes defienden la protección de los derechos laborales mediante la negociación sectorial y quienes priorizan el respeto a la jerarquía normativa y la estabilidad del sistema empresarial.