Consejo de Defensa del Estado demanda al senador Miguel Ángel Calisto por fraude fiscal
Resumen
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil contra el senador independiente Miguel Ángel Calisto para recuperar más de 131 millones de pesos. El organismo busca restituir fondos obtenidos presuntamente de manera fraudulenta desde el Congreso Nacional y el Gobierno Regional de Aysén. Esta acción legal complementa el proceso penal en curso, donde la Fiscalía solicita una pena de 12 años de cárcel para el parlamentario por fraude al fisco.
La investigación se centra en la contratación de Carla Graf como asesora parlamentaria entre 2018 y 2022, quien ha declarado ante el Ministerio Público que su rol fue una fachada. Según los testimonios de Graf y su esposo, Roland Cárcamo, los informes de asesorías eran falsos y los recursos percibidos se destinaban a una caja pagadora para gastos personales y políticos del senador. El CDE sostiene que los contratos fueron un mecanismo para desviar dinero público hacia el círculo cercano del legislador.
La defensa de Calisto ha rechazado las acusaciones, calificándolas de falsas y atribuyéndolas a un intento de los imputados por mejorar su situación procesal. Argumentan que existen pruebas, como chats y documentos, que respaldan la existencia de servicios prestados y relaciones de colaboración. Mientras tanto, el caso continúa avanzando en los tribunales con la apertura de nuevas diligencias y la solicitud de desafuero del parlamentario.
Análisis Político
El caso revela una estrategia de financiamiento irregular que utiliza la estructura de asesorías parlamentarias y fundaciones privadas para captar recursos públicos destinados a fines personales y clientelismo electoral. Esta práctica expone la vulnerabilidad de los mecanismos de fiscalización en el Congreso y los gobiernos regionales, donde la falta de control efectivo sobre la ejecución de servicios permite la creación de redes de triangulación de fondos.
En este escenario, el senador Calisto pierde capital político y credibilidad institucional ante la gravedad de las confesiones de sus excolaboradores, mientras que el CDE y la Fiscalía ganan terreno al consolidar una narrativa de corrupción sistémica. La construcción de la defensa, basada en deslegitimar a los testigos, busca trasladar el debate desde la probidad pública hacia una disputa de versiones personales, intentando mitigar el impacto de las pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público.
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