Congreso despacha a ley las Reglas de Uso de la Fuerza para fuerzas de seguridad
Resumen
El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) tras obtener 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención en el Senado. La iniciativa establece un marco legal común para Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, regulando el escalamiento del uso de la fuerza desde medidas disuasivas hasta el empleo de armamento letal. El texto reemplaza normativas dispersas por un estándar legal único que busca otorgar certeza jurídica a los funcionarios en el cumplimiento de sus labores.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la aprobación como una herramienta necesaria para el resguardo de las fuerzas de orden, especialmente en un contexto marcado por el reciente asesinato de dos carabineros. La normativa define principios de legalidad, necesidad y racionalidad, además de detallar ocho reglas de actuación progresiva. El proyecto excluye a Gendarmería de su aplicación y establece condiciones específicas para el uso de escopetas antidisturbios y fuerza potencialmente letal ante riesgos graves.
La tramitación final estuvo marcada por la oposición de sectores del Partido Comunista, el Frente Amplio y algunos parlamentarios socialistas, quienes presentaron una reserva de constitucionalidad. Los críticos argumentaron que la ley prioriza la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad sobre las garantías civiles y cuestionaron la falta de un estándar estricto de proporcionalidad. Por su parte, el oficialismo defendió la medida como un avance indispensable para proteger a los funcionarios y recuperar el orden público.
Análisis Político
La aprobación de las RUF refleja una estrategia gubernamental orientada a fortalecer la agenda de seguridad mediante la entrega de mayores facultades y protección penal a las fuerzas de orden, respondiendo a una presión social y política tras eventos de violencia. El Ejecutivo logra capitalizar políticamente el consenso transversal en torno a la necesidad de dar certezas a los uniformados, utilizando el luto institucional por la muerte de carabineros como un catalizador para acelerar el despacho de la ley.
El Gobierno y los sectores de derecha resultan ganadores al consolidar una herramienta clave de su agenda, mientras que sectores de izquierda y movimientos independientes pierden en su intento de limitar la discrecionalidad policial. La narrativa se fractura entre quienes presentan la ley como un blindaje necesario para la eficacia operativa y quienes la denuncian como una asimetría que debilita los derechos fundamentales, dejando la interpretación final de los límites legales en manos de los tribunales.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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