El Congreso de la República inició la discusión de dos reformas constitucionales que buscan transformar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una de las iniciativas, presentada por el Centro Democrático, propone que el Tribunal Superior Militar y Policial revise automáticamente las sentencias emitidas contra miembros de la Fuerza Pública. Esta propuesta argumenta que el 58,8% de las imputaciones de la JEP han recaído sobre militares, buscando así mayores garantías jurídicas para este sector. Paralelamente, el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, radicó un proyecto para impedir la prórroga de la JEP, estableciendo su cierre definitivo en marzo de 2028. La propuesta plantea que, tras esta fecha, los procesos pendientes sean trasladados a la justicia ordinaria, manteniendo las condiciones y sanciones ya establecidas para los comparecientes. El autor justifica esta medida cuestionando el alto costo administrativo, el crecimiento de la planta de personal y los resultados obtenidos por el tribunal. El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha manifestado que revisará la viabilidad de estas propuestas legislativas. Mientras sectores de la oposición y defensores de la justicia transicional advierten que los recortes presupuestales y las reformas estructurales podrían afectar la autonomía judicial y los derechos de las víctimas, el debate se intensifica en medio de la discusión presupuestal para la vigencia 2027.

Análisis político

Se observa una estrategia de desgaste institucional mediante la combinación de recortes presupuestales y reformas constitucionales que buscan limitar la vigencia y el alcance de la JEP. Al proponer el traslado de competencias a la justicia ordinaria y la revisión de fallos por tribunales castrenses, los sectores proponentes intentan reconfigurar el equilibrio de poder judicial establecido en el acuerdo de paz, apelando a una narrativa de ineficiencia administrativa y desequilibrio en las imputaciones. En este escenario, los sectores de oposición ganan terreno al posicionar el debate sobre la sostenibilidad financiera y la duración de la justicia transicional, mientras que la JEP y las organizaciones de víctimas pierden capacidad de maniobra al verse obligadas a defender su legitimidad frente a un Gobierno que muestra apertura a revisar la estructura del tribunal. La construcción de narrativas se divide entre quienes ven en la JEP un 'fortín burocrático' y quienes la consideran un pilar fundamental para la verdad y la reparación que no debe ser desmantelado prematuramente.