Congresistas piden al gobierno entrante revocar zonas de protección agrícola de la era Petro
Resumen
Un grupo de congresistas electos, conformado por Sara Castellanos, Carol Stefanny Borda y Daniel Briceño, envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella y al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond. La solicitud formal exige la revocatoria inmediata de las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). Estas figuras fueron implementadas bajo el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro.
Los legisladores argumentan que dichas medidas vulneran la autonomía territorial, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa al restringir el uso del suelo en diversas regiones del país. Según los firmantes, la normativa ha limitado actividades económicas como el comercio, la industria, el turismo y la minería sin contar con estudios técnicos suficientes ni respaldo legal adecuado. Además, solicitaron revisar el Decreto 1147 de 2024, que otorga facultades a la Agencia Nacional de Tierras para intervenir en Zonas de Reserva Campesina.
La petición se apoya en advertencias previas de organismos de control, incluyendo alertas de la Contraloría sobre riesgos fiscales y de gobernanza. Asimismo, los congresistas recordaron que la Procuraduría General de la Nación ya había solicitado a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo que sustenta estas restricciones. Hasta el momento, ni el presidente electo ni el ministro designado han emitido una respuesta pública sobre esta solicitud de desmonte normativo.
Análisis Político
La estrategia política de los congresistas busca marcar una ruptura temprana con el modelo de ordenamiento territorial del gobierno saliente, utilizando el discurso de la defensa de la propiedad privada y la autonomía local como eje central. Al dirigir la petición al nuevo ministro de Agricultura, los legisladores intentan condicionar la agenda del sector agropecuario desde el inicio del mandato, posicionándose como defensores de la seguridad jurídica frente a lo que denominan dogmas ideológicos.
En este escenario, los congresistas y los sectores económicos que rechazan las restricciones de uso de suelo ganan capacidad de influencia al alinear sus intereses con la nueva administración. Por el contrario, el gobierno saliente y los defensores de la soberanía alimentaria pierden terreno, ya que su política insignia de protección de tierras fértiles queda bajo amenaza de ser desmantelada. La narrativa se construye mediante una polarización clara: mientras el sector entrante prioriza la libertad de mercado y la inversión, el saliente enfatiza la protección de la producción agrícola como un imperativo de seguridad nacional.
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